Lima
DPA
La Fiscalía del Perú formalizó hoy la apertura de una investigación preliminar contra el ex presidente Alejandro Toledo por presunto tráfico de influencias y lavado de activos, según anunció el organismo en la red social Twitter.
La investigación deriva de testimonios y evidencias que apuntan a que Toledo presuntamente cobró un soborno de 20 millones de dólares a la firma brasileña Odebrecht para adjudicarle un contrato de obra cuando era presidente (2001-2006).
La investigación incluye al empresario israelí Josef Maiman, íntimo amigo del ex mandatario y supuesto orquestador del soborno, y al encarcelado ejecutivo brasileño Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Lima.
Según la prensa, tras la apertura formal de la investigación es probable que el fiscal del caso, Hamilton Castro, solicite una audiencia con el juez encargado, Richard Concepción, para pedirle una orden de captura de alcance internacional con miras a extradición.
Toledo, que vive en Estados Unidos, está ahora en Francia, desde donde se ha declarado perseguido y ha dicho que está dispuesto a colaborar con una «Justicia justa», pero sin aclarar si piensa regresar voluntariamente al Perú.
El mayor escándalo hasta ahora por el caso Odebrecht en el Perú estalló el viernes, cuando se reveló que Barata, ahora «colaborador eficaz», afirmó que su empresa le pagó 20 millones de dólares a Toledo para realizar dos tramos de la vía Interoceánica, que une al Pacífico con el Atlántico a través del Perú y Brasil.
Según el testigo, el entonces presidente peruano aprovechó una reunión del Grupo de Río en 2004 en Brasil para solicitar 35 millones de dólares a través de su jefe de seguridad, el israelí Avi Dan On.
Posteriores encuentros permitieron supuestamente acordaron los 20 millones de dólares, canalizados sobre todo a través de empresas offshore establecidas por Maiman, cuyo paradero es desconocido.
Para expertos, la pena para Toledo, según los cargos que se le imputen y se le prueben, podría ser entre ocho y 30 años de cárcel.
El escándalo Odebrecht estalló en noviembre en el Perú, al igual que en otros países de América Latina y África, cuando la empresa brasileña reconoció los pagos ilícitos en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia de Estados Unidos.
En el caso del Perú, Odebrecht dijo haber pagado 29 millones de dólares de 2005 a 2014, lapso que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Se espera que hoy la Fiscalía pida prisión preventiva para el exmandatario.
