MANILA
AP
La mayoría de los miles de asesinatos de sospechosos en la campaña antidroga del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, parecen ser «ejecuciones extrajudiciales» y podrían constituir crímenes contra la humanidad, dijo Amnistía Internacional.
El grupo de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, instó hoy al gobierno de Duterte a adoptar un enfoque que respete los derechos fundamentales en su lucha contra las drogas y la delincuencia. Además, pidió a la policía y al poder judicial que garanticen que se depurarán responsabilidades y se procesará a los agentes implicados en presuntos asesinatos ilegales.
Luego de investigar la muerte de 59 personas y entrevistar a 110 testigos -incluyendo familiares de las víctimas, drogadictos, agentes de policía e incluso sicarios- entre noviembre y diciembre, Amnistía concluyó que «la amplia mayoría de estos decesos parecen haber sido ejecuciones extrajudiciales».
Amnistía dijo estar «profundamente preocupada por que los asesinatos deliberados y extendidos de supuestos delincuentes por drogas, que parecen ser sistemáticos, planeados y organizados por las autoridades, puedan constituir crímenes contra la humanidad».
El gobierno filipino no reaccionó de inmediato al reporte, pero Duterte, un abogado y exfiscal, ha defendido su campaña antidrogas y dice que él y sus principales cargos policiales han autorizado a los agentes a disparar solo cuando se vean amenazados por sospechosos.
Las muertos de al menos 35 agentes y tres soldados demuestran que los presuntos delincuentes opusieron resistencia durante las redadas, según la policía.
Duterte asumió el poder en junio, y desde entonces más de 7.000 sospechosos han sido asesinados, muchos de ellos en enfrentamientos con la policía. Esto supone una media de 34 decesos al día, según Amnistía.
