San Salvador
DPA
“No dialogamos con criminales y nos apegamos a las leyes del país. Es nuestra determinación”, dijo hoy categóricamente el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, ante un ofrecimiento que las pandillas o maras habrían hecho para dialogar y desmovilizar sus bandas.
Representantes de las tres principales y más violentas pandillas, conocidas como maras en El Salvador y Centroamérica, dieron a conocer recientemente a través de un diario local su intención de dialogar con el Gobierno, partidos políticos y organismos humanitarios para desarticularse e integrarse a la sociedad.
Secundando a Ramírez Landavarde, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, también recalcó que no hay ni habrá diálogo con criminales.
La Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, agrupaciones que tiene en conjunto unos 60 mil a 70 mil integrantes, aseveraron al periódico «El Faro» que desean contribuir a frenar la violencia y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Estos enfrentamientos han provocado en 2016 más de 500 muertos entre los pandilleros y un poco más de 60 entre los agentes del Estado. Sin embargo, los homicidios, en su mayoría provocados por las pandillas, ascendieron en 2016 a 5.278.
A causa del accionar de las maras la tasa de homicidios de El Salvador es de las más altas del mundo: 104 por cada 100 mil habitantes en 2015 y 84 por cada 100 mil habitantes en 2016, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las estadísticas propias de El Salvador.
En 2012 el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes estableció la llamada «Tregua Mara» por 14 meses, en los que los asesinatos violentos bajaron a la mitad, pero no así las extorsiones y otros delitos como el tráfico de drogas.
Observadores locales e internacionales sostienen que las pandillas aprovecharon que la represión menguó durante la tregua para fortalecerse y profesionalizarse, así como para ampliar sus territorios.
“Este año vamos a profundizar los golpes contra la estructura criminal; vamos a profundizar los golpes a las extorsiones y el control del sistema carcelario», apuntó también el vicepresidente Oscar Ortiz en sesión del Gabinete de Seguridad.
Ante el ofrecimiento de las maras, Ortiz afirmó que «el país no puede estar bajo la amenaza, con un arma en la cabeza. Un grupo criminal no puede competir con el Estado».
