Manaos
DPA
Las autoridades brasileñas ordenaron el traslado a otras prisiones de los líderes de la masacre de 56 personas perpetrada durante una lucha de bandas en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, según informaron hoy medios locales.
«El Gobierno de (el estado de) Amazonas pidió la transferencia. Vamos a identificar a los líderes y atender el pedido lo más rápido posible», dijo el ministro de Justicia brasileño, Alexandre de Moraes, según lo citó el diario Estado de Sao Paulo.
De Moraes también aseguró que el Gobierno central puso a disposición de los estados federales ya la semana pasada, antes de la tragedia, 1.800 millones de reales (unos 552 millones de dólares) para sus cárceles y que desembolsará un monto similar a fin de mes.
El ministro viajó anoche a Manaos, en el noroeste del país, para comprobar in situ la situación tras la masacre.
Según las investigaciones, un grupo de presos de la organización criminal Familia del Norte (FDN) atacó en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (COMPAJ) de Manaos a integrantes del grupo rival Primer Comando de la Capital (PCC), en la que es considerada la peor matanza ocurrida en una cárcel del estado de Amazonas.
La masacre tuvo lugar entre el domingo y ayer y estuvo aparentemente relacionada con disputas por el control del narcotráfico. Las autoridades pudieron poner fin al motín sólo tras más de 15 horas a través de una negociación con los presos.
Los investigadores informaron hoy de al menos cuatro muertos más en otra revuelta ocurrida ayer durante la tarde en un penal cercano al COMPAJ. Con ese último incidente, suman cuatro los motines ocurridos en un plazo de 24 horas desde el domingo en la región de Manaos.
Las acciones estuvieron aparentemente coordinadas para servir como cortina de humo a la masacre.
De Moraes negó también que en Amazonas exista una situación de inseguridad pública. «Hubo una situación dura, muchas muertes dentro del presidio, pero eso no se extrapoló hacia fuera», sostuvo.
Alrededor de 200 presos se fugaron de al menos dos cárceles durante las cuatro revueltas. Más de 100 se escaparon del penal de la masacre. Las autoridades señalaron que ya habían podido recapturar a muchos, sin dar cifras.
Los familiares de los presos del COMPAJ esperaban hoy desde temprano a la identificación de las víctimas, muchas de las cuales fueron mutiladas y decapitadas. Inicialmente se habían reportado 60 muertos, aunque la cifra fue corregida luego a 56. La confusión se debió aparentemente a que varios de los cadáveres fueron descuartizados.
Un juez que participó en la negociación para poner fin a la revuelta, Luís Carlos Valois, describió como «dantesco» el escenario dentro del penal, donde vio cuerpos sin cabeza y extremidades humanas apilados en contenedores.
Como reacción a la matanza, el presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, aseguró hoy que en todo el país hay prisiones bajo control de grupos criminales.
«El Estado brasileño tiene que cumplir su obligación de resolver ese problema con rapidez», reclamó Lamachia, según lo citó la Agencia Brasil. La Orden de Abogados critica desde hace años las malas condiciones de las cárceles en el país más grande de América Latina.
De Moraes aseguró que el estado de Amazonas podrá usar unos 45 millones de reales ya recibidos para ampliar las capacidades de sus prisiones con unas 1.800 plazas más.
Según medios brasileños, el COMPAJ estaba superpoblado a más del 170 por ciento de su capacidad en el momento de la tragedia. Organizaciones humanitarias denuncias desde hace tiempo las pésimas condiciones en las prisiones de Brasil.
El gigante sudamericano tiene con más de 622 mil reclusos la cuarta población carcelaria más grande del mundo por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. La capacidad oficial de los penales brasileños es de 371.884 personas.
La matanza en el COMPAJ es considerada como la peor en la historia de Brasil tras la masacre de Carandiru en 1992, en la que murieron 111 presos durante una revuelta en una prisión de Sao Paulo.
