NAIROBI, Kenia
AP

El gobierno de Kenia puso fin a las operaciones locales de International Foundation for Electoral Systems, un programa financiado por Estados Unidos, apenas unos meses antes de que se celebren elecciones presidenciales en el país del este de África.

El programa de educación electoral para los próximos comicios en Kenia, un proyecto de 20 millones de dólares, quedó suspendido por la agencia que regula los grupos no gubernamentales, según informó el director ejecutivo de la agencia, Fazul Mohamed, en una carta a la agencia de ayuda del gobierno estadounidense. El IFES no es una ONG registrada todos los empleados que trabajaban allí lo hacían de manera ilegal, afirmó la misiva.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, afirmó la semana pasada en un discurso que el dinero que llegaba al país bajo el pretexto de apoyar educación cívica o sobre buena gobernanza se estaba utilizando para influir en las decisiones electorales de los keniatas.

El presidente ha acusado al líder de la oposición, Raila Odinga, de conspirar con países extranjeros para deponer a su gobierno. Kenyatta llegó al poder en 2013 en medio de una oleada de resentimiento contra lo que se percibía como intentos de Occidente de influir en las elecciones.

Kenyatta y su número dos, William Ruto, enfrentaban entonces cargos de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional por supuestamente orquestar episodios de violencia tras las elecciones fallidas de diciembre de 2007, en las que el expresidente Mwai Kibaki proclamó su victoria sobre Odinga. Más de 1.000 personas murieron y 600.000 se vieron expulsadas de sus hogares en la violencia.

Kenyatta y Ruto estaban en bandos opuestos del conflicto pero unieron fuerzas tras ser identificados como sospechosos. Sus campañas defendieron la idea de que los cargos de la CPI pretendían allanar el camino a Odinga. Algunos interpretaron un comentario de un diplomático estadounidense sobre que «las decisiones tienen consecuencias» como un ejemplo de la interferencia occidental.

Las acusaciones contra ambos se retiraron más tarde, aunque el fiscal de la CPI atribuyó la falta de pruebas a la intimidación e interferencias con los testigos.

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