Moscú/La Haya
DPA
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó hoy revocar la firma de Rusia del Estatuto de Roma, la base legal en la que se sustenta la Corte Penal Internacional (CPI), de la que ya no formará parte.
En el decreto emitido, Putin ordena al Ministerio de Exteriores que informe al Secretario General de la ONU de su decisión, que coincide con el arranque hoy de una conferencia de los países miembros del tribunal en La Haya.
La decisión, señala el decreto, fue propuesta por el Ministerio de Justicia y consensuada con Exteriores, la Corte Suprema, la oficina del Fiscal General y el Comité de Investigación de Rusia, señala.
Moscú firmó en 2000 el tratado para el establecimiento de la CPI, pero nunca lo ratificó.
El Ministerio de Exteriores justificó oficialmente la decisión aludiendo a las investigaciones previas abiertas por la Corte sobre la guerra entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur en 2008, informó la agencia de noticias Interfax.
Sin embargo, los analistas consideran que en realidad la decisión se debe al comentario que hizo esta semana la Corte sobre el conflicto de Ucrania. El lunes, la fiscal jefe había señalado que consideraba a Rusia y Ucrania envueltos en un conflicto armado y a Crimea como un territorio ocupado.
Pese a las numerosas indicaciones que apuntan a la presencia de soldados rusos en el este de Ucrania, Moscú niega su implicación militar en la zona. Además, justifica la anexión de la península por un referéndum celebrado en marzo de 2014 en sus habitantes. La anexión fue una respuesta a la expulsión del presidente prorruso en medio de protestas masivas de los ciudadanos que exigían un acercamiento a Occidente.
El tribunal con sede en La Haya, en Holanda, fundado en 1998 con el Estatuto de Roma y comenzó a perseguir en 2002 casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, que se dirigen contra personas más que contra estados.
Rusia se unió al estatuto fundador en el año 2000, pero el Parlamento de Moscú nunca lo ratificó. También Estados Unidos e Israel lo firmaron y después retiraron su firma temiendo denuncias contra soldados de sus países. China tampoco forma parte del tribunal.
En octubre, Sudáfrica, Burundi y Gambia anunciaron su salida del tribunal.
El Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que manifieste un apoyo firme al tribunal, tras la oleada de salidas.
«No hay alternativa», alertó hoy en La Haya, donde se reúnen a partir de los 124 países que reconocen la corte para debatir su mayor crisis hasta el momento.
«No engañen a las víctimas», dijo el comisario refiriéndose sobre todo a los países africanos que abandonaron el tribunal.
El representante sudafricano defendió la decisión de su país apuntando que el tribunal está dirigido únicamente hacia África y no ve los crímenes en otros lugares. Ése fue el argumento esgrimido por los países que se marcharon.
Nueva de los diez procesos abiertos hasta ahora se refieren a crímenes en ese continente.
Sin embargo, Bensouda anunció el lunes que investigaría también posibles crímenes en Afganistán, no la mira puesta no sólo en las tropas afganas o a los talibanes, sino también en el Ejército estadounidense y miembros de la CIA. También inició investigaciones preliminares sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania y Crimea.
Si un país quiere retirarse del estatuto puede hacerlo bajo el artículo 127. Para hacerlo debe manifestar su intención escribiendo al secretario general de la ONU, que actúa en nombre del tribunal. La retirada se hace efectiva un año después si el país saliente no especifica una fecha posterior.
Hasta que esa salida no es efectiva sus responsabilidades en la CPI siguen siendo plenas y en el caso de tener investigaciones o juicios pendientes que lo impliquen, debe cumplir con sus responsabilidades con el tribunal.
