Londres
DPA
El gobierno británico anunció hoy que apelará el fallo judicial que concede al Parlamento el derecho a participar en las decisiones sobre la negociación del «Brexit», la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
El Ejecutivo se mostró «decepcionado» por el fallo del Tribunal Superior de Londres y adelantó que recurrirá, lo que implica que tendrá que resolver de forma definitiva el conflicto la Corte Suprema, la máxima instancia del país.
El gobierno de la primera ministra Theresa May comparecerá el lunes en el Parlamento para explicar su posición. El Tribunal Superior (High Court) estableció que tiene que contar con la aprobación del Legislativo en las negociaciones sobre el «Brexit».
Si el fallo se confirma, el Parlamento tendrá un gran poder para influir sobre la estrategia de negociación de May. Los defensores del «Brexit» temen incluso que evite el abandono de la UE, en vista de que la mayoría de los legisladores en ambas cámaras es contraria a la salida.
En un histórico referéndum, el 23 de junio una mayoría de británicos votó a favor de abandonar la UE. Más tarde se anunció que las negociaciones de salida comenzarían a más tardar a finales de marzo de 2017.
Sin embargo, hasta ahora la primera ministra rechazó la participación del Parlamento en el proceso, que debe llevarse a cabo en base al Artículo 50 del Tratado de Lisboa. Se trata de un asunto «exclusivo del Gobierno», alegaba May, si bien el Parlamento sería consultado.
Los observadores creen que el proceso judicial podría demorar bastante las negociaciones para la salida del país del bloque.
Una de las impulsoras de la demanda fue la administradora de fondos de inversión Gina Miller, que argumentó que no se podía excluir al Legislativo de decisiones tan fundamentales como el abandono de la UE. Por el contrario, el Gobierno fundó su caso en la decisión del pueblo reflejada en el referéndum.
También el grupo parlamentario conservador de May quiere formar parte de las negociaciones, algo que la dirigente rechazaba hasta ahora alegando que el debate público de la estrategia para el «Brexit» en el Parlamento dañaría su posición negociadora.
Tres magistrados determinaron que «el Gobierno no tiene el poder dentro de la prerrogativa de la Corona» para iniciar las conversaciones de salida de la UE.
El caso está considerado como la cuestión constitucional más importante en una generación.
Subrayando la importancia del proceso, May puso al fiscal general del Estado, Jeremy Wright, al frente del equipo legal que hace frente a las demandas. Wright alegó que la demanda es un intento de poner un obstáculo legal a cumplir el resultado del referendo del 23 de junio a favor de abandonar el bloque.
May quiere emplear la prerrogativa real, una competencia histórica oficialmente ostentada por la reina, para activar el Artículo 50 del tratado de la UE, que da inicio a dos años de negociaciones antes de la salida británica de la UE. Esa competencia, que en la práctica se ha delegado a los políticos, permite tomar decisiones sin un voto en el Parlamento y abarca asuntos tan graves como declaraciones de guerra o tan básicos como emitir pasaportes.
En el pasado también se ha utilizado ese mecanismo en asuntos exteriores y en la negociación de tratados.
