SAN SALVADOR, El Salvador
AP
Agentes salvadoreños allanaron ayer varias empresas del expresidente Antonio Saca en busca de nuevas evidencias en su contra como parte de una pesquisa por corrupción durante su mandato.
Los investigadores entraron en tres empresas del exmandatario y obtuvieron documentación que comenzarán a analizar, informó Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
«Hemos encontrado habitaciones completas con evidencia documental», aseguró.
Detenido el fin de semana, Saca, de 51 años, está acusado de desviar al menos 246 millones de dólares provenientes de fondos públicos durante su mandato (2004-2009). Las autoridades sostienen que parte del dinero fue a parar a sus empresas.
El exmandatario y los otros seis implicados fueron llevados al juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, donde escucharon los delitos que se les imputan. La jueza Nelly Pozas determinó que la audiencia inicial se realice mañana.
Saca, que vestía una camisa blanca, pasó de largo y no brindó declaraciones a los periodistas, pero uno de sus abogados, Mario Machado, dijo que «se encuentra bien». Serio y con una barba incipiente, el expresidente escuchó en silencio la lectura del requerimiento fiscal.
Los fiscales le presentaron al tribunal de justicia 25 cajas con evidencia documental recopilada en una investigación que dijeron sigue abierta.
Saca y seis funcionarios de su gobierno serán procesados por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Tres de los detenidos ocupaban puestos relacionados con las finanzas de la Casa Presidencial desde el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Según las investigaciones de la Fiscalía, de los 246 millones de dólares desviados, unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de la Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.
Saca es el tercer exmandatario salvadoreño procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o desvío de recursos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliario, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua.
