Bogotá
DPA
Tras el fracaso del Gobierno colombiano y las FARC en su propósito de conseguir el respaldo al acuerdo de paz, el país empezó a preguntarse hoy qué se puede hacer para salvar el pacto acordado durante casi cuatro años de negociaciones en Cuba.
Las partes estaban seguras de que recibirían el apoyo de los colombianos en el plebiscito del domingo, pero las urnas dieron una dura sentencia: el 50,21 por ciento de los colombianos rechazó el acuerdo frente a un 49,78 que lo respaldó.
Más allá del sorpresivo resultado, también llamó la atención de los observadores la alta abstención del 62,5 por ciento, lo que significa que más de la mitad de los colombianos no se interesó en decidir sobre el conflicto armado de cinco décadas.
Antes del plebiscito, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtieron que un eventual revés tendría consecuencias impredecibles porque eso significaba que el acuerdo no se podría implementar.
Pero tras la sorpresa inicial, el propio Santos fue quien arrojó al mar un bote salvavidas con la propuesta de convocar a todas las fuerzas políticas para buscar «espacios de diálogo».
Pronto empezó a circular en sectores políticos la expresión «pacto nacional», con una participación heterogénea para que no se hunda la negociación.
La invitación de Santos es más dirigida al partido de derecha radical Centro Democrático que a la alianza gobernante de centro-derecha Unidad Nacional, que lo ha apoyado en la negociación junto con la oposición de izquierda y partidos independientes.
El jefe del Centro Democrático, el ex presidente Álvaro Uribe, quien encabezó la campaña por el «no» en el plebiscito, respondió diciendo que quiere «aportar a un gran pacto nacional» que corrija los «errores» del acuerdo.
Las FARC, por su parte, calmaron las aguas con las declaraciones de su comandante, Rodrigo Londoño, quien afirmó que su grupo «mantiene su voluntad de paz» y quiere seguir usando «solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro».
Pero el camino por el que aparentemente transitarán las tres partes (Gobierno, FARC y oposición de derecha radical) tendrá muchos obstáculos.
Los «uribistas» advertían antes del plebiscito que no se debía aprobar un acuerdo que promovía la «impunidad», en referencia a que los guerrilleros no purgarán penas efectivas de prisión a cambio de someter a un sistema de justicia transicional, y que era inaceptable que los jefes de las FARC sean elegidos en el futuro a cargos públicos.
Aunque las objeciones del Centro Democrático son muchas más, tan solo en esos dos puntos se plantean grandes dificultades, pues los observadores se preguntan si los guerrilleros estarían dispuestos en una renegociación a ir a la cárcel y a privarse de participar en política, que en última instancia es el objetivo de un proceso de desmovilización y desarme.
Para el analista Jairo Libreros, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, «existen alternativas políticas» para no dejar morir un esfuerzo de casi cuatro años.
Por su parte, Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, señaló que la renegociación no implica reescribir las 297 páginas del acuerdo, sino examinar algunos puntos.
Varios observadores destacan la actitud de Santos de someter el acuerdo a un plebiscito sin estar obligado a ello, pues ninguno de los procesos de paz de las tres últimas décadas con grupos armados ilegales requirió una refrendación popular.
