Tegucigalpa
Agencia/dpa
La Justicia de Honduras aseguró hoy que la investigación por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres seguirá hasta las «últimas instancias» pese al robo del expediente judicial del caso, ocurrido el miércoles.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Corte Suprema de Justicia señalaron que el robo del expediente no impedirá que el caso siga hasta dar con los responsables.
Cáceres fue asesinada por dos supuestos sicarios en marzo de este año en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, tras liderar por años la oposición a la construcción de una represa en una zona de influencia del pueblo lenca.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrolladora Energética SA (DESA) y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE), el grupo holandés FMO y un fondo de Dinamarca. Las entidades suspendieron los desembolsos mientras continúa la investigación.
El expediente judicial fue robado a una magistrada la tarde del miércoles cuando fue asaltada y despojada de su vehículo, pero la información solo se conoció la noche del jueves. La magistrada María Luisa Ramos alegó que portaba el expediente judicial del caso para su estudio a fin de emitir una sentencia.
Pero el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, señaló que el robo del documento «casi es intrascendente», ya que hay copias certificadas en los juzgados de jurisdicción nacional del mismo, por lo que consideró que «no existe la posibilidad que se dilate el juicio».
La Fiscalía General señaló en un comunicado que reafirmó su «compromiso de llegar hasta las últimas instancias para resolver el asesinato de la líder ambientalista (Berta Cáceres)».
Asimismo, la Fiscalía afirmó que los autores del robo «se han equivocado». «Estas acciones delictivas no detendrán el trabajo e investigación del caso», agregó.
Por el caso Cáceres están detenidos seis personas: un ejecutivo de la empresa DESA, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, oficiales de seguridad de la empresa y los dos supuestos sicarios que atentaron contra Cáceres y el mexicano Gustavo Castro, que acompañaba a la dirigente el día del ataque.
Pero los familiares de Cáceres y los dirigentes del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han reclamado que se capture a los autores intelectuales del asesinato.
