MANILA, Filipinas
AP
Senadores de Filipinas abrieron el lunes una investigación sobre la muerte de más de 1.700 presuntos distribuidores y consumidores de droga dentro de una operación contra el narcotráfico encabezada por el presidente del país, Rodrigo Duterte. Varios testigos acusan a algunos policías de asesinar a sospechosos y de estar relacionados con el tráfico ilegal de sustancias.
El gran número de muertes ha alarmado a los grupos defensores de los derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica, así como a Estados Unidos y expertos en derechos humanos de la ONU, que han advertido al gobierno filipino que lo podrían considerar responsable.
La senadora Leila de Lima, que preside el comité del Senado que encabeza la pesquisa, dijo estar preocupada por los homicidios generalizados y porque agentes de la ley y vigilantes pueden estar empleando la ofensiva «para cometer crímenes con impunidad».
Al menos 1.779 sospechosos han muerto, 712 de ellos en choques con la policía y el resto en circunstancias no aclaradas, dijo a los senadores el jefe de la policía nacional, Ronald de la Rosa. Añadió que no condonaba las matanzas extrajudiciales.
Duterte, que ganó renombre como alcalde perseguidor de delincuentes antes de llegar a la presidencia en junio, ha amenazado reiteradamente con matar criminales, en particular narcos, amenaza que de la Rosa ha repetido y sobre la cual incluso ha bromeado. Ante la ola de críticas, ambos han dicho que los policías tienen órdenes de disparar solamente si sus vidas corren peligro.
Harra Besorio, una testigo que declaró ante el comité del Senado, dijo que la policía arrestó ilegalmente a su novio y el padre de él y los golpeó frente a ella. Los vecinos los llevaron luego a una comisaría antidrogas donde los mataron a tiros el mes pasado, añadió.
Duterte amenazó el domingo con retirar a su país de la ONU, en su más reciente ataque contra los críticos de su violenta campaña antidrogas, la cual ha dejado centenares de muertos.
