Brasilia/Washington
DPA
El partido de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para intentar frenar el controvertido proceso de destitución de la mandataria.
La denuncia presentada entre otros por tres diputados del izquierdista Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) pide medidas de protección para Rousseff ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la OEA, por la presunta violación de sus derechos, según indicó el partido en su web.
La petición apunta a lo que considera irregularidades en el proceso de destitución («impeachment») que se le sigue a Rousseff en Brasil y califica de «golpe» el proceso impulsado por las dos Cámaras del Legislativo y aprobado por el Tribunal Supremo de Brasil.
Esas irregularidades «están en desacuerdo con protocolos internacionales firmados por Brasil», alegó en la web el diputado Paulo Pimenta, uno de los demandantes.
«Vamos a pelear en todas las esferas, ya sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe», agregó Pimenta.
La CIDH confirmó la recepción de la petición. El organismo «dará trámite normal a la petición y a la solicitud de medida cautelar», comunicó el organismo en Washington. La CIDH no tiene un plazo fijo para pronunciarse.
Las medidas cautelares de la OEA, conformada por todos los Estados americanos con excepción de Cuba, presentan reclamos a las autoridades de un país y piden protección para los derechos de una persona, pero no tienen en la práctica carácter vinculante.
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil desde 2011, enfrenta un controvertido proceso de destitución por acusaciones de haber manipulado los presupuestos para ocultar el déficit público.
El Senado brasileño, que la suspendió de sus funciones en mayo, dio también luz verde al juicio político que podría acabar en su destitución definitiva el próximo 2 de septiembre. Rousseff y sus simpatizantes acusan a sus adversarios de orquestar una venganza política y un «golpe» para deshacerse de la mandataria.
En caso de ser destituida Rousseff, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, asumiría el cargo hasta las elecciones de 2018. Temer se volvió contra la presidenta en el proceso de destitución. Rousseff califica públicamente de «traidor» y «usurpador» a su exsocio político
