Brasilia
DPA

Una comisión especial del Senado de Brasil aprobó hoy un informe a favor de la destitución definitiva de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, que allana el camino para el juicio político que debe celebrarse a partir de fin de mes.

La votación, celebrada en vísperas de la apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, se saldó con 14 contra 5 votos a favor del «impeachment» de Rousseff. El apoyo de la comisión al proceso contra la mandataria se daba por descontado.

La mayoría de legisladores apoyó durante los debates de más de dos horas el informe presentado hace dos días por el instructor especial del caso, el senador Antonio Anastasia, a favor del juicio político a Rousseff.

La recomendación emitida hoy deberá ser evaluada a través del voto del pleno del Senado el próximo martes. En esa próxima votación, bastará con la mayoría simple de 41 votos, de entre los 81, para que avance el proceso de destitución.

La Presidenta está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo por acusaciones de que su Gobierno cometió irregularidades y maquilló las cuentas al elaborar los presupuestos públicos.

Si el proceso sigue adelante, será el propio Senado el que decidirá sobre la salida definitiva de la presidenta en el juicio que se celebrará a partir del 29 de agosto.

Los senadores suspendieron a Rousseff en mayo después de que la Cámara de Diputados aprobara la medida con clara mayoría.

En caso de que Rousseff sea destituida, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino, Michel Temer, se quedará en el cargo hasta las elecciones de 2018.

Rousseff rechaza el juicio político en su contra y acusa a sus detractores de fraguar un «golpe» contra su Gobierno.

José Eduardo Cardozo, abogado de Rousseff, aseguró que no existen los suficientes indicios para sustentar el juicio político contra la suspendida Presidenta.

La crisis institucional brasileña está enmarcada en varios escándalos de corrupción que salpican a varios opositores de Rousseff, pero también al Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria, y ha opacado la celebración de los Juegos Olímpicos que empiezan mañana en Río de Janeiro.

Unos 50 políticos están siendo investigados por sospechas de corrupción en el marco del caso conocido como «Lava Jato», que investiga una inmensa red fraudulenta de licitaciones públicas que funcionó durante años en torno a la petrolera semiestatal Petrobras.

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