Buenos Aires
DPA
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) deberá presentarse el miércoles ante la justicia para ser notificada del procesamiento y el embargo dictado en su contra en la causa que la investiga por supuestas irregularidades en su política económica y cambiaria.
El juez federal Claudio Bonadío emitió hoy la citación a la exmandataria para el próximo miércoles, informaron fuentes judiciales.
Fernández de Kirchner podría coincidir en los tribunales federales con su exministro de Planificación Julio de Vido y el empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, que deberán también presentarse por estar procesados en diversas causas judiciales.
La exmandataria fue procesada en la causa que investiga supuestas irregularidades en la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2015 por la venta de dólares a futuro a precios más bajos que los de mercado, lo que generó pérdidas multimillonarias a las arcas del Estado. También es investigada en otras causas por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros presuntos delitos.
Fernández de Kirchner afirmó en anoche que es víctima de una «caza de brujas muy evidente y grosera» por parte del Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y de la Justicia, que la investiga en diferentes casos por presuntos delitos cometidos en su gestión.
«Hay una caza de brujas que es muy evidente y grosera. Es claro que soy perseguida. De lo contrario, ¿cómo le llamaría a una persona que está siendo investigada por dos jueces por la misma causa y objeto?», dijo la exjefa de Estado en una entrevista concedida al canal de televisión «C5N», la primera que brinda desde que dejó el Gobierno, luego de ocho años, el 9 de diciembre último.
Kirchner arribó el sábado a Buenos Aires desde la austral provincia patagónica de Santa Cruz, adonde está radicada desde que dejó la presidencia.
Bonadío es uno de los dos magistrados -el otro es Julián Ercolini- al que se refirió la expresidenta en la entrevista y que investiga su presunta vinculación con dos empresarios que durante su gobierno tuvieron a su cargo diferentes obras públicas impulsadas por el Estado: Báez, detenido en un caso de lavado de dinero, y Cristóbal López, propietario del canal «C5N».
Según la investigación, Báez y López alquilaban inmuebles de Fernández de Kirchner aunque después no los ocupaban.
«Yo no alquilaba habitaciones de hoteles sino inmuebles. Pero ¿alguien puede pensar que con los montos de la magnitud que existen en una obra pública, multimillonaria en dólares, alguien puede hacer maniobras de corrupción con uno, dos o tres inmuebles? Son cifras irrisorias», respondió.
En tal sentido, pidió a la Justicia que encare una auditoría sobre la obra pública de su gobierno para determinar si existieron actos de corrupción.
Kirchner, al respecto, dijo que considera entre las posibilidades las de ir a prisión. «Son los riesgos que enfrenta alguien que ha tomado las decisiones que tomamos cuando tocamos algunos intereses», justificó.
