NUEVA YORK
AP
El penal de Rikers Island, en la ciudad de Nueva York, enfrentó problemas para responder a quejas sobre abusos sexuales. Entre las deficiencias hay líneas de atención telefónica que no funcionan, quejas confidenciales leídas por otros reos e investigaciones en las que no se entrevista a los supuestos agresores, dijo un informe interno obtenido por The Associated Press.
Los guardas de la prisión subestimaron el problema de forma peligrosa, sintiéndose incapaces de hacer nada al respecto, y mostraron «pocos límites profesionales» al besarse y abrazarse de forma inapropiada entre ellos y colgar anuncios picantes en áreas comunes, según refleja el documento elaborado el año pasado por un consultor externo.
El problema se conoce coincidiendo con la iniciativa de la junta de supervisión del centro, donde cumplen condena 10 mil personas, que la semana pasada comenzó a elaborar nuevas reglas en base a una ley federal que exige tolerancia cero contra las violaciones en la cárcel.
En el momento en que se elaboró el informe pocos empleados y reos habían oído hablar de la norma federal y las tareas de educación contempladas en la misma «parecían no producirse», apuntaron los autores.
El documento fue un «llamado de atención y lo escuchamos alto y claro», dijo la vocera del Departamento de Prisiones de la ciudad, Eve Kessler.
En respuesta, responsables del penal nombraron a un coordinador para el departamento, publicaron una directiva de 43 páginas con las normas referidas a abusos sexuales actualizadas y formaron a cientos de guardas e investigadores internos.
Los números de atención telefónica directa para casos de abusos sexuales anunciados en las cárceles no suelen funcionar. Al otro lado responden contestadores automáticos que no ofrecen información útil y, al menos en un caso, conectaron con el teléfono de «ciudadanos privados», señaló el reporte.
Los reos que presentaron quejas por acoso o abusos a través del sistema de quejas formal, tuvieron problemas para hacerlo de forma confidencial, porque las hojas de papel empleadas denunciar su situación solían ser transcritas por otros presos que podían leer su contenido, agregó la revisión.
