Brasilia
AP
La Comisión Especial del Senado de Brasil que actúa en el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff aceleró hoy los plazos previstos, y la votación final que decidirá si la condena o la absuelve podría producirse a mediados de julio.
Según informaron hoy medios locales, el grupo de trabajo redujo en unos 20 días el plazo de tramitación del proceso contra la presidenta que había establecido el relator del caso, senador Antonio Anastasia. La defensa de Rousseff apelará la decisión ante la Corte Suprema.
La semana pasada, Anastasia presentó un cronograma en el que la votación final del proceso estaba prevista para el 20 de agosto. El plazo contemplaba 15 días para las alegaciones finales de la acusación y otros 15 para las de la defensa.
No obstante, la senadora Simone Tebet, correligionaria del presidente en ejercicio, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presentó una acción en la que alegó que el Código del Proceso Penal establece solo cinco días de plazo para cada una de las partes.
El presidente de la Comisión Especial, senador Raimundo Lira, también del PMDB, acogió el recurso presentado por Tebet.
No obstante, el abogado de Rousseff, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, rebatió el recurso y dijo que la comisión debe manejar los mismos plazos de 15 días para cada parte que se usaron en 1992 durante el proceso contra el ex presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).
«Es una violación a lo que fue decidido por el Supremo Tribunal Federal y una violación al derecho de defensa de la presidenta. Es una profunda irracionalidad porque nos dieron 20 días para la presentación de la defensa (previa). Razonablemente, se debe tener más plazo para las alegaciones finales (porque) es la parte más importante para la defensa ya que se da después de la producción de pruebas», alegó Cardozo.
También el senador Randolfe Rodrigues, del opositor partido Red Sostenibilidad (Rede), apeló la decisión de la comisión especial.
El recurso, al igual que el de Cardozo, será encaminado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, porque es él quien preside el proceso de «impeachment» de la presidenta, aunque el mismo tramite en el Senado.
Rousseff está acusada de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal al manipular resultados contables que permitieron ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su Gobierno, y emitir por decreto líneas de crédito extraordinarias sin el aval del Congreso.
