Brasilia
DPA
El Fiscal General de la República de Brasil, Rodrigo Janot, realizó una serie de graves denuncias en las últimas horas que ponen en la mira de la Justicia a las principales autoridades el país, a empezar por la presidenta Dilma Rousseff.
Antes de pedir investigar formalmente a la mandataria por presunta obstrucción a la Justicia, Janot había denunciado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la misma causa ante la Suprema Corte de Justicia.
El fiscal general pide incluir a Lula, tres de los principales ministros de Rousseff, otros ex ministros de ambos, senadores y diputados, en el principal proceso vinculado a la trama de corrupción que operó en Petrobras, que tramita en el Supremo.
Lapidario, Janot sostiene que el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, conocido como «petrolao», no podría existir sin la anuencia y conocimiento de Lula.
Es la acusación más contundente que sufre el ex presidente y líder máximo de la izquierda brasileña. Además, es la primera ocasión que se lo relaciona directamente con una trama ilegal que operó durante su Gobierno (2003-2010).
Según Janot, las 31 personas que pretende incluir en ese proceso, entre quienes está además el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están bajo sospecha de haber incurrido en los delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero y corrupción.
Los tres delitos, según Janot, configuran en conjunto «organización delictiva» que actuaba para desviar dinero de Petrobras.
«Esta organización delictiva jamás podría haber funcionado durante tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del Gobierno federal sin que el ex presidente Lula participara de ella», aseveró el fiscal.
Pero además de tener en jaque a la propia presidenta de la República, sus principales ministros, al presidente de Diputados -tercero en la línea jerárquica del país y ya procesado en el Supremo por presuntos nexos con los fraudes en Petrobras-, Janot puso en la mira de la Justicia al principal líder de la oposición, el senador Aécio Neves.
Candidato derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora, está bajo sospecha de haber recibido sobornos en el marco de una trama ilegal que funcionó en otra empresa estatal, Furnas, subsidiaria de la gigante Eletrobras y también vinculada, al igual que Petrobras, al ministerio de Minas y Energía.
Es así que en las vísperas de que la presidenta de la República sea suspendida temporalmente del cargo, algo que parece irreversible, las principales autoridades y líderes del país están por ser acomodados, y en algunos casos ya lo están, en el banquillo de los acusados.
Rousseff tiene varios frentes abiertos. Además del pedido de investigación en su contra realizado por Janot, y de estar a las puertas de un juicio político por presuntas maniobras fiscales, ella y el vicepresidente, Michel Temer, enfrentan un proceso en el Supremo Tribunal Electoral, por sospecha de que sus campañas políticas recibieron recursos desviados de Petrobras.
Si la sospecha se constata, la elección de 2014 será anulada, ambos perderán sus mandatos y se convocarán nuevas elecciones.?
Temer, quien asumirá el Gobierno en forma interina y por 180 días en caso de que el Senado abra el juicio político contra Rousseff, y en forma definitiva si luego del proceso la Cámara Alta condena a la mandataria, es correligionario de Cunha en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
El vicepresidente ha sido vinculado a los fraudes por algunos implicados en la trama de corrupción, pero no existen denuncias directas en su contra.
No obstante, su partido tiene entre sus líderes no solo denunciados sino procesados por el caso Petrobras, como es el caso de Cunha.
