La Paz
DPA
Un centenar de personas con discapacidad duerme desde anoche en la calle, a escasos 100 metros de la principal plaza de La Paz donde está el Palacio Quemado, a la espera de una reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para pedirle el pago de un bono mensual.
«No tenemos ni carpas, dormimos en la calle y sufrimos mucho frío. Muchos permanecieron en sus sillas de rueda y otros entendidos en el piso sobre cartones. No abandonaremos este sitio. Nuestro sector quiere una reunión con el presidente Morales», señaló David Cayo, dirigente de los discapacitados a los periodistas.
Las personas con discapacidad en su intento de ingresar a la Plaza Murillo fueron reprimidas ayer por policías. Luego se decidió que pernocten en la calle los marchistas que llegaron el lunes a La Paz tras recorrer 380 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba durante seis semanas.
Los discapacitados piden al Gobierno el pago de un bono mensual de 500 bolivianos (72 dólares), petición que es rechazada por el Gobierno, que señala que el otorgamiento no sería sostenible para las finanzas públicas.
En Bolivia existen unas 70 mil personas con discapacidad, y cobran una renta anual de mil bolivianos (144 dólares). Ahora piden que se pague cada mes 500 bolivianos (72 dólares).
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, anticipó que habrá una reunión con representantes de los discapacitados de los nueve departamentos, quienes fueron traídos a La Paz e instalados en recintos como el Colegio Militar.
«El Gobierno siempre divide a todos los grupos. Hay compañeros que respaldan al Movimiento Al Socialismo (partido de Evo Morales). Nosotros seguiremos en las calles con nuestro lema: renta o muerte», comentó David Cayo sobre la presencia en La Paz de grupos de discapacitados leales al presidente Morales.
El presidente de la Pastoral Social Cáritas Boliviana, monseñor Eugenio Coter, abogó porque las personas con discapacidad sean escuchadas por el Gobierno.
«Son una categoría social desprotegida que merecen consideración y atención. Esto implica hacer balances públicos para ver cuáles son los gastos suntuosos que se pueden cortar para dar cabida a los gastos mínimos y necesarios para la subsistencia de estas categorías sociales de los más necesitados», dijo.
Mientras, el analista político Ilya Fortún sostiene que «vivimos en un país que ignora absolutamente la condición y las dificultades reales de esta población (discapacitados), que es mucho más numerosa de la que se ve en las marchas, y por eso da muchísima bronca la actitud política del gobierno frente al sector».
