Por MICHAEL ASTOR
NUEVA YORK
Agencia/AP
La presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo ayer que recurrirá a los bloques comerciales de América del Sur si es destituida, al tiempo que denunció el procedimiento de juicio político en su contra como un golpe de estado y un claro intento de la élite de su país para arrebatar el poder a su Partido de los Trabajadores.
En declaraciones a la prensa, Roussef dijo que tanto el Mercosur como la Unasur tienen cláusulas democráticas a las que invocará si sucede lo que ella describe como «una ruptura de la democracia en su país».
La mandataria advirtió a sus oponentes que su remoción del cargo mediante juicio político podría acarrear «consecuencias graves al proceso político brasileño».
«Este procedimiento de juicio político carece de fundamento judicial», declaró Rousseff. «No se me acusa de delitos de corrupción, ni de desvío de recursos públicos; no tengo cuentas en el extranjero ni se me acusa de lavado de dinero».
Rousseff dijo que incluso algunos miembros de la oposición han comenzado a apoyarla, no porque coincidan con las políticas de ella, sino porque ven el intento de destituirla como una amenaza para la democracia de Brasil.
El procedimiento de juicio político emprendido contra Rousseff se debe a las acusaciones de que su gobierno se valió de maniobras contables para mantener el gasto público a fin de contener la caída del apoyo popular hacia el gobierno de la mandataria.
Los detractores de la presidenta sostienen que también ocultó déficits que contribuyeron a lo que hoy es la peor recesión en la que se encuentra el país desde la década de 1930.
Rousseff defendió esas maniobras fiscales como una práctica ordinaria en Brasil. Insistió en que las acusaciones en su contra son un pretexto burdo de la elite tradicional dominante para quitar el poder al Partido de los Trabajadores, de izquierda, al que ella pertenece, y que ha gobernado durante 13 años en los que se le acredita haber sacado de la pobreza a millones de brasileños.
La Cámara de Diputados no coincide con la postura de la mandataria. El domingo, esa instancia legislativa aprobó el juicio político contra la gobernante.
La medida fue turnada al Senado, que se espera que decida a mediados de mayo si la presidenta es sometida al proceso. Sólo se necesita en la cámara alta mayoría simple para aprobar la realización del juicio político; si eso ocurre, Rousseff será suspendida del cargo 180 días, lo que dura el proceso. Durante ese período, el vicepresidente Michel Temer asumiría las riendas del país.
En los últimos días, la prensa brasileña informó que más de la mitad de los 81 senadores han dicho que votarán a favor de que se considere el juicio político, lo que significa que Rousseff podría ser suspendida del cargo en poco tiempo.
El plantear el asunto ante los bloques comerciales tendría pocas repercusiones. Brasil ejerce considerable influencia porque es el integrante más grande y más poderoso de los bloques, y la mayor economía de América Latina.
Los gobernantes de algunos países miembros, como Argentina, Uruguay y Paraguay, podrían simpatizar con el llamado de Rousseff, pero es improbable que quieran arriesgarse a un distanciamiento con el próximo gobierno en Brasil si todo pareciera indicar que la destitución de la presidenta está a la vista.
Roussef atribuyó sus dificultades como presidenta a los políticos corruptos en el Congreso, a la prensa hostil y a la crisis de la economía, y no aceptó tener responsabilidad en las acusaciones en su contra.
«Se trata de un golpe de estado porque se tiene un golpe de estado cuando el proceso emprendido carece de fundamento. Si en los golpes de estado de antes se necesitaban tanques, ametralladoras, fusiles de asalto, etcétera, hoy sólo basta tener manos que destrocen las constituciones, y eso es lo que está ocurriendo en Brasil», afirmó la jefa de Estado.
Rousseff vino a Nueva York para pronunciar su discurso ante las Naciones Unidas con motivo la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Muchos creyeron de antemano que Roussef aprovecharía el podio de la ONU para rechazar el procedimiento de juicio político en su contra ante los gobernantes mundiales reunidos en la conferencia, pero sólo hizo una breve alusión a lo que ocurre en Brasil.
Los dirigentes de la oposición, entre ellos Temer, habían censurado el viaje de Rousseff a Nueva York, bajo el argumento de que la medida del juicio político es legal y que la presidenta no debía hablar mal de Brasil ante el resto del mundo.
En declaraciones a la prensa después de su discurso, Rousseff señaló que muchas de las personas que encabezan la acción de juicio político en contra de ella, como Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, afrontan acusaciones de corrupción en Brasil.
La presidenta dijo que luchará para permanecer en el cargo hasta las próximas elecciones presidenciales.
«No puedo decir hoy qué pasará. Sólo quiero decir que lucharé para cumplir mi periodo como presidenta. Creo que es absolutamente correcto hoy que yo sólo respete las elecciones directas», afirmó Rousseff.
En Brasil, el procurador general Rodrigo Janot dijo el viernes que los investigadores examinan otros seis casos de corrupción contra Cunha. Janot no abundó en detalles, pero señaló que eran ajenos a casos previos relacionados con Cunha.
