BUENOS AIRES
AP
Tras permanecer cuatro meses en la Patagonia alejada del ojo público, la expresidenta Cristina Fernández tiene previsto llegar hoy a Buenos Aires para responder a una citación de la justicia en medio del fervor de sus seguidores.
Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, fue citada por el juez Claudio Bonadío para declarar el miércoles en el marco de una causa que investiga la supuesta defraudación al Estado a través del mercado de dólar a futuro.
Un tribunal de alzada analizaba hoy un pedido para apartar al magistrado de la causa, lo que no detendría la llegada de la expresidenta a la capital, tal como han anunciado sus seguidores en las redes sociales.
Según la cuenta de Twitter @CasaRosadaAR, identificada con seguidores de la exdirigente política, Fernández saldrá de la sureña localidad de El Calafate, donde tiene una de sus residencias, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegará a Buenos Aires esta noche.
Miembros de su fuerza política Frente para la Victoria (FPV) y otros simpatizantes de Fernández, de 63 años, se preparan para esperarla en el aeropuerto capitalino y reunirse el miércoles en el acceso a los tribunales federales en una convocatoria que promete ser masiva.
El juez Bonadío indaga si la expresidenta participó en una maniobra en la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según Bonadío, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos 5 mil 273 millones de dólares al cambio actual).
Pero los seguidores de la peronista creen que es víctima de una operación mediática y judicial que busca desacreditarla.
Horas antes de la llegada de su antecesora, el presidente Mauricio Macri abogó en un acto público por «una Argentina donde no haya impunidad» y en la que «todos progresemos por nuestro esfuerzo».
El mandatario está incluido en una lista de personalidades con compañías abiertas en paraísos fiscales que ha sido difundida recientemente. A raíz de ello un fiscal le imputó haber omitido su relación con dos firmas en sus declaraciones anuales de impuestos, acusación que el gobernante rechaza y que debe ser evaluada por un juez.
