Brasilia
DPA
Un juez federal de Brasilia suspendió de forma provisional la investidura del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro del Gobierno de Dilma Rousseff, mediante un recurso que admite apelación, mientras miles de personas se congregaron en diferentes ciudades por el nombramiento de Lula.
El juez Itagiba Catta Preta, que admitió la petición al respecto de una acción popular, suspendió la designación de Lula en ese cargo o en cualquier otro que le otorgue prerrogativa de fueros, un privilegio que permite que sólo pueda ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, la corte de mayor rango del país.
Lula, quien enfrenta una denuncia penal y una petición de prisión preventiva por sus presuntos nexos con la red de corrupción que operó en Petrobras, había asumido poco antes como titular de la cartera más importante del ejecutivo de Rousseff.
El juez considera que su designación busca interferir en la actuación de la Justicia y la Fiscalía, ya que las acciones contra el exmandatario, de no verse protegido por los fueros, se tramitarían en instancias judiciales de más bajo rango.
«En vista del riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal (Fiscalía), admito el pedido de suspender el acto de nominación del señor Lula Inácio Lula da Silva para el cargo de ministro de Estado del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, o de cualquier otro que le otorgue prerrogativa de fueros», expresó el juez Itagiba Catta Preta, del 4. Tribunal del Distrito Federal.
La decisión será ahora analizada por el Tribunal Regional Federal de la 1. Región.
Tiempo antes de la hora prevista de la juramentación, manifestantes en Sao Paulo y Brasilia alzaban pancartas con la leyenda «Renuncia ahora» y coreaban consignas por el juicio político a Rousseff. Algunos llevaban enormes muñecos inflables de Lula vestido de presidiario.
El país de 200 millones de habitantes enfrenta crisis en varios frentes. La investigación de un enorme plan de sobornos en la petrolera estatal Petrobras ha implicado a la elite política y empresarial del país. Es el país más afectado por el brote de Zika, que según los científicos puede provocar defectos de nacimiento cuando infecta a mujeres embarazadas.
En conferencia de prensa ayer, Rousseff negó con vehemencia que Silva aceptó el puesto para demorar las investigaciones que lo implican en el caso Petrobras y dijo que el ser miembro del gabinete no significa gozar de inmunidad.
«No significa que no lo investigarán», dijo Rousseff. «Es cuestión de quién lo investigará».
Rousseff, que fue jefa de gabinete de Silva en 2005-2010, se declaró «muy feliz» de contar con él en su gobierno.
«Su ingreso a mi gobierno fortalece mi gobierno», dijo.
Una semana de por sí crítica finalizó con un giro insólito anoche, cuando el juez investigador del caso Petrobras difundió grabaciones de llamadas entre Silva y destacadas figuras públicas. Estas sugieren que se intentó ayudar al expresidente a superar sus males jurídicos, según el juez Sergio Moro.
La policía dispersó con gases y granadas aturdidoras a unos 5 mil manifestantes contra el gobierno concentrados frente al Congreso ayer por la tarde. También hubo protestas en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Juez divulga grabaciones telefónicas entre Lula y Rousseff
El juez que dirige la extensa investigación de corrupción en la paraestatal brasileña Petrobras divulgó ayer grabaciones telefónicas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, las cuales, dijo, dejan entrever que se hicieron intentos por influir en los fiscales y jueces a favor del exmandatario.
En su presentación, que fue hecha pública la noche del miércoles junto con cerca de 50 grabaciones, Moro dijo: «Observo que en algunos diálogos se habla al parecer de tratar de influir u obtener ayuda de los funcionarios en la oficina de la fiscalía pública o del magistrado en favor del expresidente».
Sin embargo, añadió, «no hay indicios dentro o fuera de los diálogos de que aquellos mencionados de hecho procedieron de una manera inapropiada».
En un comunicado el miércoles por la noche, el palacio presidencial consideró que la divulgación de las grabaciones es una «afrenta a los derechos y garantías de la presidencia». Agregó que «serán tomadas todas las medidas penales y administrativas apropiadas para reparar la violación flagrante de la ley y la constitución cometidas por el juez detrás de la filtración».
