Por JOSHUA GOODMAN
LA MACARENA, Colombia
Agencia/AP
El hedor de la muerte envuelve la morgue improvisada mientras Diego Casallas utiliza una navaja para abrir una bolsa que contiene restos humanos. Los restos no identificados están prácticamente descompuestos después de más de una década sobre el terreno, aunque quedan algunas pistas valiosas: un par de botas marrones y una mochila camuflada.
«Estos son objetos que pueden conducir a una posible identificación», observó Casallas, antropólogo forense, mientras inspeccionaba minuciosamente un fémur.
A medida que se aproxima un acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto en Colombia, este cementerio solitario en un antiguo bastión rebelde se ha convertido en un avispero. En las dos últimas semanas, los detectives han exhumado los restos humanos en la esperanza de identificar a 464 personas enterradas en tumbas sin marcas. Hasta ahora han desenterrado a 66.
La tarea es lenta. Cada exhumación es documentada por antropólogos forenses, topógrafos y fotógrafos especializados bajo la supervisión de un fiscal, antes de que las muestras puedan ser despachadas a Bogotá para análisis de ADN y cotejadas con una base de datos de miles de colombianos cuyos seres queridos desaparecieron durante décadas de lucha.
Si la tarea detectivesca funciona en una escala suficientemente amplia, podría ayudar a cicatrizar heridas y recuperar confianza en el imperio de la ley.
En octubre, como parte de un progreso en las conversaciones de paz después de tres años, negociadores del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia accedieron a establecer una agencia de alto nivel para buscar los restos de unas 45 mil personas que se cree murieron a manos de uno u otro bando. Además se sabe que han muerto otras 220 mil personas.
Las autoridades concentran ahora la búsqueda en la Sierra de la Macarena, una región agreste largamente disputada entre el Gobierno y las FARC.
Grupos defensores de los derechos humanos elogian el esfuerzo pero dicen que la magnitud del derramamiento de sangre en Colombia requiere más recursos. Casallas es uno de apenas una veintena de antropólogos forenses empleados por la fiscalía, cuya tarea es inspeccionar más de 21 mil tumbas no marcadas en la nación.
«Si seguimos a ese paso pasarán por lo menos tres generaciones de colombianos buscando a nuestros desaparecidos», se lamentó Pablo Calla, un activista que ha ayudado a las autoridades a entregar a los familiares los restos de 108 víctimas de entre 2 mil 292 personas enterradas en forma anónima en la región de Macarena.
El cementerio de La Macarena ha sido desde hace tiempo un símbolo para los críticos izquierdistas del gobierno. Su ubicación, muy cerca de una base militar de la fuerza de elite Omega, uno de los mayores receptores de ayuda contrainsurgente de Estados Unidos, ha suscitado versiones de que contiene los restos de numerosos civiles muertos por los militares. La prensa colombiana la califica como la mayor tumba colectiva del mundo.
«Fue muy triste al ver tanta gente muerte.», comentó Jesús Antonio Hernández, quien durante tres décadas ha sido el enterrador del pueblo. «La única cosa era ponerlos en una bolsa y enterrarlos y ya».
