BUENOS AIRES
AP

Aníbal Fernández, uno de los hombres fuertes del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, fue procesado hoy por presunto fraude a la administración pública a raíz del supuesto pago de sobreprecios en un plan para la distribución de cunas y otros elementos para bebés de familias de bajos recursos.

Además de Fernández, quien fue jefe de gabinete y ocupó otros cargos públicos, el juez federal Claudio Bonadío también procesó al exministro de Salud y actual gobernador de la provincia norteña de Tucumán, Juan Manzur, al sucesor de éste en la cartera de sanidad Daniel Gollán y a otras 20 personas, indicó el fallo difundido por el Centro de Información Judicial.

Asimismo acusó a los imputados de supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y trabó embargos sobre sus bienes por 440 millones de pesos (unos 29,3 millones de dólares).

El magistrado sospecha que el año pasado se adjudicó discrecionalmente entre varias empresas el Plan Qunita, que contemplaba la distribución de unos 150 mil equipos formados por cunas, ropa y medicamentos para recién nacidos y que además se pagaron sobreprecios en las compras que hizo el Estado.

Las licitaciones comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de Gollán. Los trámites llevaron el aval de Fernández, quien en su cargo de jefe de gabinete actuaba frecuentemente como portavoz de la exmandataria.

La legisladora opositora María Graciela Ocaña presentó la denuncia que dio origen a la investigación judicial. Entre sus acusaciones dijo que «resultaba extraño que dicha licitación se hubiera adjudicado a seis empresas que tenían objetos sociales alejados de la elaboración de los bienes que integraban el kit (equipo), con escasa o nula experiencia en sus rubros y con pocos años de funcionamiento», según el fallo judicial.

El juez Bonadío ha procesado en los últimos días a varios exfuncionarios de la administración de Fernández. Entre ellos al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y al extitular de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli por supuestas maniobras para perjudicar a distintas empresas del grupo de medios Clarín, con el que el anterior gobierno mantuvo un fuerte enfrentamiento.

En 2015 Bonadío fue desplazado por una cámara judicial de una causa en la que investigaba a la expresidenta y a varios de sus familiares por supuesto lavado de dinero a través de hoteles de su propiedad en la Patagonia, al ser cuestionado por algunos procedimientos empleados en la investigación. La causa sigue abierta en manos de otro juez.

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