PALMA DE MALLORCA, España
AP
La infanta española Cristina de Borbón volvió hoy a acudir al tribunal para un juicio en el que está acusada junto con otras 17 personas, incluido su esposo. Las acusaciones abarcan delitos como evasión fiscal o malversación.
Cristina, hermana del rey Felipe VI, afronta dos cargos de evasión fiscal que podrían suponer una pena máxima de prisión de ocho años por supuestamente no declarar los impuestos por gastos personales que pagó una empresa que poseía con su esposo, Iñaki Urdangarin.
La infanta es la primera persona de la familia real española que afronta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975. El juicio, que comenzó el 11 de enero, ha despertado un gran interés en los medios.
La princesa perdió la semana pasada una batalla legal de último momento con la que intentaba evitar el juicio. El tribunal rechazó el argumento de que el caso en su contra deberían rechazarse porque la Hacienda española no ha presentado cargos contra ella y señaló que sólo debía recibir una multa por evasión fiscal.
Urdangarin está acusado de utilizar su antiguo título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que codirigía con otro socio. Afronta una pena máxima de 20 años.
La infanta y su marido llegaron juntos al tribunal unos 20 minutos antes del inicio de la sesión a las 9:15 de la mañana (0815 GMT).
Las declaraciones de los acusados comenzaron el martes y está previsto que terminen el 26 de febrero. Cristina, de 50 años, será la última en testificar, pero todavía se desconoce el día concreto.
El caso se instruye en Palma de Mallorca, la capital de la región española de Islas Baleares, porque muchos de los acuerdos de negocios de Urdangarin bajo investigación se hicieron en la isla mediterránea.
Los detalles sobre el lujoso estilo de vida de la pareja conocidos durante la investigación previa al juicio entre 2011 y 2014 indignaron a muchos españoles, cuando el país trataba de superar una crisis económica y con un desempleo que alcanzó el 27%.
El caso también está considerado como uno de los motivos de la abdicación en 2014 del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, Felipe.
