Washington
Agencia dpa
Activistas pro reforma migratoria y millones de indocumentados confían en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepte considerar el caso de los decretos migratorios anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 y que se encuentran actualmente bloqueados en los tribunales.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo se reunirán mañana viernes en Washington para decidir si lo incluyen o no en la lista de casos que la Corte abordará en los próximos meses.
El Supremo suele anunciar la decisión el lunes siguiente a la reunión privada de los jueces, aunque podría también anunciarlo el mismo viernes.
El Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de Estados Unidos, recibe cada año 10.000 peticiones, pero sólo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos de la Corte.
Los organizaciones pro reforma migratoria han convocado el viernes una protesta y una vigilia ante las escalinatas del Tribunal Supremo para presionar a los jueces para que acepten el caso.
«La marcha y la vigilia delante del Tribunal Supremo servirán como recordatorio a todos los legisladores de que las políticas anti-inmigrantes tienen efectos reales en millones de familias que se han sacrificado mucho en Estados Unidos, su querido país de adopción», explicó Carlos Vogel, portavoz de la organización Community Change.
«La Corte debe revisar el caso para mantener a las familias unidas», señaló a través de un comunicado la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).
Muchos hogares de inmigrantes tienen un estatus migratorio mixto: algunos de sus miembros son indocumentados, otros tienen visado y otros son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. La deportación de uno de sus miembros provoca dramas familiares al dejar, por ejemplo, a niños que son ciudadanos estadounidenses sin su padre o madre que son indocumentados.
Los activistas y los indocumentados confían en que el Tribunal Supremo revise el fallo de la Corte Federal del Quinto Circuito de Apelaciones. Esta corte no levantó el bloqueo judicial decretado en febrero de 2015 por un juez de Texas, por lo que no permitió que el secretario de Seguridad Nacional implementara los decretos migratorios de Obama, dejando en el limbo migratorio a cinco millones de indocumentados que se beneficiarían de las medidas.
La decisión de aceptar o no el caso seguramente agitará la campaña política para las elecciones presidenciales de noviembre.
Los precandidatos republicanos están haciendo una campaña de mano dura con la inmigración ilegal para tratar de convencer a los votantes más conservadores y ganar la nominación de su partido para las elecciones presidenciales. Los demócratas, a favor de los decretos de Obama, abogan por una reforma migratoria con vía a la ciudadanía.
Si finalmente, el Supremo acepta el caso, lo más probable es que los jueces se pronuncien en junio, un mes antes de las conveciones nacionales en las que se elegiran a los candidatos de cada partido a los comicios de noviembre.
La reforma migratoria fue aprobada por el Senado en junio de 2013, pero quedó bloqueada en la Cámara de Representantes, ante la negativa de los republicanos, que actualmente tienen mayoría en ambas cámaras, a someter a voto en el pleno el proyecto de ley.
