SAN JUAN, Puerto Rico
AP
El gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla censuró lo que describió como un cambio en la postura histórica del gobierno de Estados Unidos hacia el estatus político de la isla.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de la cual la oficina del gobernador difundió algunos extractos ayer, García Padilla dijo que la nueva postura estadounidense contradice la anterior de que la autonomía de Puerto Rico, obtenida a través de la aprobación de su Constitución de 1952, debería permitirle a la isla ser retirada de la lista de la ONU de los territorios que no se gobiernan a sí mismos.
«Considero como mi obligación moral defender y aclarar el antecedente histórico, no sólo ante nosotros, sino ante los tribunales, Estados Unidos y la comunidad internacional», escribió García Padilla.
La semana pasada, el procurador general federal Donald B. Verrilli presentó un escrito de amigo de la corte en el que afirma que Puerto Rico continúa siendo un territorio sujeto a las facultades del Congreso federal de Estados Unidos a pesar de la creciente autonomía que su Constitución le confiere.
«La transición de Puerto Rico hacia un auto gobierno local fue un avance importante en su relación con Estados Unidos, y ha redituado muchos beneficios a Puerto Rico y Estados Unidos en el marco de una relación de respeto mutuo. El Congreso ha manifestado que no tiene intención de revocar la autonomía local que confirió al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, como un asunto de derecho constitucional, Puerto Rico continúa siendo un territorio sujeto a la autoridad del Congreso según la Cláusula de Territorio», expresó Verrilli en el escrito.
El texto tiene que ver con la revisión que efectúa la Corte Suprema de Estados Unidos de un caso en el que se determinará si la isla, al igual que los 50 estados, puede presentar cargos locales contra personas implicadas en delitos por los que las autoridades federales ya las declararon culpables.
La respuesta se centra en si Puerto Rico es una «soberanía separada» para propósitos de la cláusula de doble incriminación de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Puerto Rico dijo este año en un fallo que la isla no es una soberanía separada porque la decisión del Congreso de permitir un auto gobierno local involucra una «delegación de facultades», no una «transferencia de soberanía».
