PANAMA
AP
Un juez panameño de garantías declaró el viernes al expresidente Ricardo Martinelli «en rebeldía» por no asistir a una audiencia sobre el proceso en su contra por presunta interceptación ilegal de las comunicaciones telefónicas de más de un centenar de personas durante su gobierno.
El juez Jerónimo Mejía dijo que el proceso se suspendía debido a la inasistencia del ex gobernante, quien se encuentra fuera del país desde fines de enero.
Señaló que no tenía la potestad suficiente para pedir la detención del exmandatario y que ello deberá ser decidido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia se había programado desde hace días. El juez Mejía estableció que Martinelli fue notificado debidamente para el acto del viernes, a pesar que la defensa del ex líder derechista argumentó que ello no se había realizado de manera legal. No se estableció de inmediato cuándo se reuniría el pleno de la Corte para tomar alguna medida.
Los querellantes se expresaron satisfechos por la declaración de rebeldía. Los abogados de Martinelli no reaccionaron de inmediato, aunque en las afueras del tribunal un grupo de seguidores de Martinelli gritaba consignas a favor del exmandatario.
De acuerdo con el fiscal, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas entre opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.
Agregó que se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir desde el Consejo de Seguridad de la presidencia correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.
La investigación cuenta con las revelaciones de un testigo protegido y declaraciones de ex colaboradores de Martinelli. Dos ex jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, están detenidos desde inicios de año por el caso y enfrentarán un juicio a comienzos de 2016.
Los delitos de los que se acusa a Martinelli son contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían acarrear hasta 21 años de cárcel, según el fiscal.
