Por N.MERCHANT y M. SEDENSKY
Agencia AP
Los agentes policiales acusados de conducta sexual inapropiada son transferidos de sitio en sitio, enfrentando a veces nuevas denuncias incluso de violación, sin ser despedidos, porque se ven amparados por leyes inadecuadas e insuficiente supervisión.
Una investigación de un año que hizo la Associated Press de los abusos sexuales cometidos por policías, guardias carcelarios y otros elementos de las fuerzas de seguridad reveló que el sistema no tiene formas efectivas de supervisar a los malos policías. Hay numerosas falencias en la forma en que se lidia con los sospechosos de haber incurrido en conductas sexuales inapropiadas y abundan las señales de alarma que no son reportadas o son ignoradas.
Se comprobó que hubo unos mil agentes que perdieron sus licencias en seis años por delitos sexuales que incluyeron violaciones o por tratar de contratar prostitutas estando en servicio. Esa cifra, no obstante, no refleja la magnitud del problema porque toma en cuenta solamente a los agentes a los que se les iniciaron procesos de revocación de licencias y porque no todos los estados suministraron información, algunos porque no disponen de esas estadísticas.
En los Estados que revocan licencias, el proceso puede tomar años. Y si bien hay un índice nacional de agentes cuyas licencias fueron revocadas, las contribuciones a ese banco de datos son voluntarias y los expertos dicen que faltan miles de nombres. Además, el banco no está abierto al público.
A algunos agentes se les permite renunciar calladamente sin llegar a enfrentar siquiera el proceso de revocación. Otros pueden seguir trabajando porque sus departamentos no están obligados a reportar sus faltas a los organismos estatales que vigilan el cumplimiento de las normas o porque simplemente no lo hacen. Hay organismos que no revisan los antecedentes de una persona cuando contratan personal o que no ofrecen esa información a los empleadores.
En el 2010 una mujer demandó al Departamento de Policía de Grand Junction, Colorado, aduciendo que obró mal al contratar al agente Glenn Goyne y que luego no lo supervisó. Coyne fue despedido y se suicidó pocos días después de ser arrestado bajo sospecha de haber violado a una mujer en el 2009.
Esa era la tercera acusación de agresión sexual que enfrentaba, según los tribunales. Cuando estaba todavía con la policía del condado de Mesa, otra mujer lo acusó de manosearla durante una revisión. La denuncia circuló después de que la policía de Grand Junction completase su estudio de antecedentes y las autoridades de Mesa, que se abstuvieron de hacer comentarios para este artículo, no investigaron o no informaron a los nuevos empleadores de Coyne, según documentos legales.
La segunda denuncia se produjo en el 2008, cuando una mujer acusó a Coyne de agresión sexual. La policía de Grand Junction lo puso bajo probation, o supervisión especial, y le rebajó el sueldo. Si bien la fiscalía desistió de procesarlo, Coyne seguía bajo probation cuando llegó la tercera denuncia. Los tribunales concluyeron que la policía no actuó con deliberada indiferencia al emplear a Coyne, pero un dictamen indicó que «pudo y debió haberse manejado mejor» en relación con su contratación.
El jefe de la policía de Grand Junction John Camper dijo que una posterior evaluación de las normas para las contrataciones reveló que estas eran sólidas, aunque agregó que «se puede decir que tenemos que ser más diligentes que nunca». Los candidatos ahora deben firmar un formulario autorizando al departamento a revisar sus antecedentes personales y si los empleadores no responden, eso es visto como una mala señal.
«Si una agencia no habla con nosotros o parece reticente a dar detalles, contactamos otras fuentes o descartamos directamente al candidato», afirmó Camper.
Organismos de vigilancia del cumplimiento de las normas de 44 estados pueden revocar las licencias de los agentes problemáticos, lo que supuestamente debería impedir que un policía malo pase de una fuerza policial a otra en otro sitio. Pero seis Estados, incluidos Nueva York y California, no tienen autoridad para revocar las licencias de los agentes que incurren en conductas inadecuadas.
Y en lo Estados que tienen esa atribución, casi todas las agencias de supervisión dejan que los departamentos policiales locales investiguen y denuncien conductas cuestionables. Las normas que rigen esos procesos varían.
En Pensilvania, por ejemplo, el organismo responsable de certificar a los policías reportó solo 20 revocaciones de licencias entre el 2009 y el 2014, ninguna de ellas relacionada con asuntos sexuales. En la Florida, en cambio, se revocaron las licencias de 2 mil 125 agentes en esos mismos seis años, a 162 por transgresiones sexuales.
La diferencia es que en la Florida se informa automáticamente cuando un policía es arrestado y se exige a los departamentos que reporten cada vez que se determina que un agente cometió una falta de «carácter moral». En Pensilvania, en cambio, esa información no circula automáticamente sino que se depende de que los organismos policiales informen que un agente ha cometido alguna falta o delito.
La información suministrada a la AP no incluye proceso de revocación de licencia alguno para el exagente de Pittsburgh Adam Skweres, quien en el 2013 se declaró culpable de arrancarles «favores sexuales» a cinco mujeres y cumple una condena de ocho años de cárcel.
Otro asunto inquietante es la duración de los procesos de revocación de licencias.
En Texas, Michael John Nelson fue acusado de agredir sexualmente a una vecina de 16 años cuando trabajaba para la policía del condado de Hardeman. La fiscalía local dijo a la AP que no procesó a Nelson a cambio de que entregase su licencia, en un acuerdo que contó con el visto bueno de la víctima y de su familia. Para cuando se completó la revocación de su licencia, en el 2011, no obstante, Nelson estaba trabajando con la policía de Bayou Vista.
Nelson asegura que le dijo a su nuevo empleador cuando se enteró de que estaba siendo investigado y entregó su placa cuando se le radicaron cargos.
Paul Odin, quien reemplazó al jefe de la policía de Bayou Vista que contrató a Nelson, dijo que la revisión de antecedentes a menudo depende del tamaño de un departamento y de su presupuesto, y que «muchas agencias, muchas ciudades, para evitar demandas, no revelan nada negativo».
Un índice nacional de revocación de licencias (National Decertification Index) contiene los nombres de casi 20 mil agentes que han perdido sus licencias. Pero solo 39 Estados suministran información.
Los sindicatos aducen que la supervisión del comportamiento de los agentes es tarea de su jefe.
«Hay que empezar por el principio», dijo Jim Pasco, director de la Orden Fraternal de la Policía. «¿No funcionó el proceso cuando se contrató a esta gente? Ese es un problema que abarca una cantidad de temas, no solo los delitos sexuales».
ACUSADOS DE DELITOS SEXUALES
Las luces intermitentes penetraban la noche y las grandes letras blancas no dejaban duda alguna: era un vehículo policial. La mujer obligada a parar era una cincuentona que trabajaba en una guardería y que se dirigía a su casa tras jugar al dominó con amigas. Pensó que no tenía nada que ocultar, de modo que obedeció todas las órdenes que le dio el agente, que la acusó de manejo imprudente.
Posteriormente le dijo a un juez que fue obligada a recostarse sobre el auto policial para ser palpada y que el agente la obligó a levantar su vestido y a bajarse los panties para asegurarse de que no ocultaba nada. Contó que el agente le ordenó sentarse en la patrulla mientras él, muy cerca, con su arma a la vista, se bajaba el cierre de los pantalones y ella le imploraba que no lo hiciese.
«Apúrate», le dijo el agente, identificado en los informes policiales solo como J.L., mientras la obligaba a realizar sexo oral. «No tengo toda la noche».
La acusación es estremecedora y refleja algo que se repite en todo el país.
Una investigación de un año llevada a cabo por la Associated Press reveló que hay unos mil agentes que perdieron sus licencias en un período de seis años por casos de violación, sodomía y otros delitos sexuales, así como por posesión de pornografía infantil, contratar prostitutas o mantener relaciones sexuales estando en servicio.
La investigación de la AP es la más profunda jamás hecha de ese tipo de delitos por parte de la policía y probablemente no refleje el problema en toda su magnitud ya que es imposible recabar información de todos los Estados. California y Nueva York, por ejemplo, no tienen sistemas que permitan revocar las licencias de los agentes con problemas de conducta. Y entre los estados que suministran esa información, hay algunos que no reportaron casos de agentes que fueron dados de baja por delitos sexuales a pesar de que se comprobó que hubo casos de ese tipo mediante informes periodísticos y documentos legales.
«Sucede probablemente en todas las dependencias policiales del país», afirmó la jefa del departamento de policía de Sarasota, Florida, Bernadette DiPino. «Se hacen muy pocas denuncias y la gente teme que si hace una denuncia, va a tener a toda la policía detrás suyo».
La AP revisó los archivos de todos los estados con la información de los procesos de revocación de licencias de los agentes. Nueve estados y el Distrito de Columbia desistieron de suministrar esa información o dijeron que no tienen ese tipo de estadísticas. Se analizó así la información de 41 estados.
La AP comprobó que unos 550 agentes perdieron sus licencias entre el 2009 y el 2014 por delitos sexuales, incluidos violaciones, manoseos e intimidaciones en las que se exige a una persona que realice algún acto sexual para evitar ser detenida. Otros 440 agentes fueron dados de baja por cosas como posesión de pornografía infantil, voyeurismo o relaciones sexuales consensuales pero prohibidas.
Aproximadamente una tercera parte de los agentes cuyas licencias resultaron revocadas fueron acusados de incidentes que involucraron a menores. Casi todas las víctimas eran mujeres, muchas de ellas de los sectores más vulnerables de la sociedad: pobres, adictas y jóvenes. Otras tenían antecedentes policiales, lo que es aprovechado a veces por los agentes para obligarlas a hacer cosas. Hubo casos en los que víctimas de algún delito que buscaban ayuda terminaron siendo víctimas de hombres en uniforme.
Los empleados públicos involucrados en estos episodios fueron policías, guardias de prisiones y en escuelas. El estudio de la AP comprobó que los delitos sexuales son una de las quejas más frecuentes hacia el personal de las fuerzas policiales.
Casos ocurridos el último año revelan el enorme impacto que tienen estos incidentes.
En Connecticut, William Ruscoe, de la policía de Trumbull, comenzó a cumplir una condena de 30 meses de prisión en enero luego de declararse culpable de agredir sexualmente a una muchacha de 17 años que conoció a través de un programa para adolescentes interesados en trabajar para la policía. Los documentos presentados ante los tribunales revelan insinuaciones que comenzaron con mensajes de texto e intentos de besar y toquetear a la joven. Hasta que una noche Ruscoe la llevó de vuelta a su casa. La muchacha dijo a los investigadores que a pesar de que le dijo que no «como mil veces», él la desvistió, la manoseó e hizo que ella lo tocase a él. En determinado momento le colocó esposas.
En Florida, Jonathan Bleiweiss, de la policía del condado de Broward, fue condenado a cinco años de prisión en febrero por forzar a una veintena de inmigrantes a realizar actos sexuales. Los fiscales dijeron que apeló a amenazas veladas de deportarlos para intimidarlos.
Y en Nuevo México Michael García, de la policía de Las Cruces, fue sentenciado en noviembre del año pasado a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una estudiante de secundaria que hacía una pasantía con la policía. La víctima, Diana Guerrero, dijo en los tribunales que tras el incidente se sintió «una basura», que se desmoronaron sus sueños de ser policía y que sufre de depresión y revive constantemente el episodio.
«Perdí la fe en todo, en todos, incluso en mí misma», dijo Guerrero, quien hoy tiene 21 años y aceptó que se usase su nombre en este artículo.
Expertos dicen que la mayoría de las víctimas de agresiones sexuales no hacen denuncias y que la reticencia aumenta si el victimario es un policía. Diane Wetendorf, quien comenzó un grupo de apoyo para víctimas de policías en Chicago, recuerda las historias que le contaron personas que sí hicieron denuncias: Las casas de algunas de ellas comenzaron a ser vigiladas o sus hijos fueron hostigados por la policía. Muchos agentes se negaron a tomar medidas contra colegas acusados.
«Todo empieza con el agente que niega las denuncias. ‘Está loca’, ‘miente»’, expresó. «Los otros agentes dicen que ellos no vieron ni escucharon nada».
En días pasados comenzó en Oklahoma City el juicio del exagente Daniel Holtzclaw, acusado de violación, agresión física o explotación de 13 mujeres.
Los investigadores recabaron información de episodios ocurridos a lo largo de seis meses, comenzado el 20 de diciembre del 2013, cuando una mujer fue detenida y hospitalizada estando drogada. Se encontraba con una bata de hospital, esposada a una cama, cuando Holtzclaw la obligó a realizarle sexo oral, según dijo, insinuándole que si cooperaba no la formularía cargos.
«Pensé que nadie me creería», expresó la mujer en una vista previa al juicio. «Pensé que todos los policías se ayudaban entre ellos y me asusté».
Holtzclaw, un exjugador de fútbol americano de 28 años que fue despedido por el departamento de policía de Oklahoma City, se declaró inocente. Su abogado Scott Adams no respondió a preguntas, pero dijo que cuestoinará la credibilidad de la mujer, que ha tenido problemas de drogas y ha trabajado como prostituta en el pasado.
La denunciante más joven, una muchacha de 17 años, dijo que Holtzclaw la violó en la entrada de su casa y que ella no sabía bien qué hacer.
«¿Qué hago, llamo a la policía?», se preguntó, según cuenta. «Él era policía».
