Barcelona
Agencia dpa

El presidente del gobierno de Cataluña en funciones, Artur Mas, denunció hoy en el Parlamento de la región del noreste de España que la investigación judicial en torno a presuntas comisiones ilegales en su partido, CDC, busca hacer daño a la formación nacionalista.

«Estoy a favor de que se investigue (…) Si hay algunos fiscales que tienen indicios de que puede haber algo irregular, se debe investigar. Pero el espectáculo tiene poco que ver con el buen fin de la investigación», dijo.

Mas compareció a petición propia ante la Diputación Permanente del Parlamento para dar cuenta de la gestión del gobierno catalán en materia de contratación pública dos días después de la detención del tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Vilaroca, al que la Fiscalía acusa de seis delitos de corrupción.

Hoy, la Policía arrestó también al que fuera responsable de las cuentas de la formación catalana hasta 2010, Daniel Osàcar, en el marco de un caso en el que hay ya una docena de detenidos, entre ellos, cargos del gobierno catalán y empresarios.

La Justicia investiga la presunta financiación ilegal de CDC a través del cobro de comisiones del 3 por ciento a empresas a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

«Es la segunda operación policial en un mes y medio», lamentó hoy Mas, tras recordar que el primer registro policial tuvo lugar un mes antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, convertidas en un plebiscito sobre la independencia de la región española.

«Algunos medios de comunicación estaban avisados antes de la operación (…) Si se avisa antes a los medios es que se busca el espectáculo. Y a través del espectáculo se busca hacer daño, un daño sobre un partido concreto: Convergència», destacó.

En medio de las negociaciones para la formación del nuevo Ejecutivo catalán, tras los comicios del 27 de septiembre, Mas aseguró que el gobierno de la región lleva una década siendo investigado «por la Fiscalía y la Policía».

«Tras diez años bajo una lupa de grandes aumentos, todavía no hay ninguna sentencia que haya podido demostrar nada», dijo ante los líderes de los principales partidos representados en el Parlamento regional.

«Lo registran todo y lo examinan todo (…) Y estos diez años se han adjudicado muchas cosas, se han investigado esas adjudicaciones, y se ha mirado desde la primera a la última línea. En ningún caso una adjudicación de la Generalitat de Cataluña (gobierno) ha llevado a una sentencia», insistió.

El jefe del gobierno catalán en funciones aseguró que la contratación pública por parte del Ejecutivo catalán es «impecable». «No existen errores ni posibilidad de influir de un modo partidista o personal sobre ese sistema», aseguró.

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