FILE - In this Nov. 18, 2012 file photo, Yani Rosenthal walks with his wife Claudia, after voting in the Liberal Party primary election, in Tegucigalpa, Honduras. The U.S. Justice Department released a statement Wednesday, Oct. 7, 2015, saying that Jaime Rolando Rosenthal Oliva, his son Yani Benjamin Rosenthal and nephew Yankel Rosenthal, as well as seven businesses were labelled “specially designated narcotics traffickers” under the Kingpin Act. (AP Photo/Fernando Antonio, File)

TEGUCIGALPA,

Agencia AP

En un intento por calmar a los clientes del Banco Continental, que es de su propiedad, y tras ser acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero del narcotráfico, el exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal aseguró este domingo que honrará todos sus compromisos financieros.

Los Rosenthal son uno de los clanes empresariales y políticos más poderosos y antiguos de Honduras, vinculado al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el opositor partido Liberal y al exmandatario Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009.

«La familia Rosenthal venderá cualquier activo o empresa para que las personas que han confiado en nosotros se sientan seguras de que nunca tendrán una pérdida por nuestra culpa», dijo Jaime Rosenthal en un comunicado.

«Honraremos todos los compromisos adquiridos y cualquier ahorro o inversión, ya sea préstamos o depósitos y obligaciones (financieras), serán respaldadas por la familia con todo lo que tiene», añadió.

La justicia estadounidense encausó el 7 de octubre como «narcotraficantes especialmente designados» a Jaime Rosenthal, de 79 años, su hijo Yani, de 50, y su sobrino Yankel, de 46.

Esa declaración permite a las autoridades estadounidenses congelar todos los activos en ese país y prohibir las relaciones económicas con sus siete empresas, entre las que se encuentra el Banco Continental, a las que se acusa de lavar dinero del narcotráfico. Los Rosenthal se han declarado inocentes de cualquier vínculo con el crimen organizado.

Yankel Rosenthal, exministro de inversiones del gobierno de Hernández hasta junio de este año y presidente del popular equipo de fútbol Marathón, está detenido en Miami donde enfrenta juicio.

Jaime Rosenthal fue vicepresidente en el gobierno liberal de José Azcona Hoyo (1986-1990), congresista de 2002 a 2006 y asesor presidencial en varias administraciones del partido Liberal.

La acusación se extiende además a Andrés Acosta, abogado de los Rosenthal. Cada uno enfrenta una sentencia máxima es de 20 años de cárcel en Estados Unidos.

El señalamiento estadounidense implica a las empresas del Grupo Continental, que es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación, lo que ha provocado conmoción en el país.

El gobierno hondureño ordenó el viernes la «liquidación forzosa» inmediata del Banco Continental y planea designar a un grupo interventor para controlar la institución.

Pero Rosenthal, luego de aceptar «voluntariamente» el cierre de sus empresas, pidió al gobierno que el proceso lo haga gradualmente para impedir que sus 11.000 empleados y 25.000 dependientes indirectos sean lanzados a la calle sin contemplación.

Centenares de clientes del Banco Continental acudieron esta semana a sus sucursales, específicamente de San Pedro Sula, segunda ciudad de Honduras, a retirar sus ahorros, pero las oficinas cerraron desde el martes por un feriado de tres días.

El opositor partido Liberal se pronunció sobre el caso y expresó su «solidaridad» a la familia Rosenthal. El exmandatario Zelaya (2006-2009) dijo en su cuenta de Twitter que «la liquidación del Banco Continental revela la complicidad del gobierno en el asunto».

Honduras tiene un tratado de extradición con Estados Unidos y varios narcotraficantes hondureños pertenecientes a las familias Valle y Rivera Madariaga, señalados de tener vínculos con las empresas de los Rosenthal, esperan sus juicios en prisión tras ser extraditados.

El caso ocurre mientras jóvenes «indignados» realizan desde mayo frecuentes movilizaciones multitudinarias jamás vistas en Honduras para que la ONU instale una comisión internacional que erradique la creciente impunidad y corrupción en Honduras, luego del saqueo de unos 350 millones de dólares de la seguridad social, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al país.

El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.

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