LA HABANA
AP
El presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC anunciaron ayer un trascendental acuerdo que prepara el terreno para poner fin al conflicto armado más longevo de América Latina, que desangra al país desde hace 50 años.
En una declaración conjunta desde Cuba, el mandatario y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por su líder, que se hace llamar Timoleón Jiménez, dijeron que superaron un obstáculo significativo para lograr un acuerdo de paz al decidir una fórmula para reparar a las víctimas y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido contra los derechos humanos durante décadas de guerra.
«Somos adversarios, estamos en orillas diferentes pero hoy avanzamos en una misma dirección (…) la más noble que puede tener cualquier sociedad que es la de la paz», dijo minutos antes de un forzado y frío apretón de manos con el comandante rebelde, conocido por su alias «Timochenko».
Según este acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes ante tribunales especiales de paz, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas recibirán hasta un máximo de ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, que no serán cárceles y permitirán su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.
Los crímenes de guerra cometidos por el ejército colombiano serán juzgados también por esos tribunales y los combatientes que sean descubiertos en mentiras se enfrentarán a penas de hasta 20 años de prisión.
Santos viajó temprano el miércoles a La Habana, donde representantes del gobierno y de la guerrilla sostienen negociaciones desde hace casi tres años. Negociadores dijeron que el sorprendente avance se produjo cuando los rebeldes se apresuraron para mostrar avances ante la visita del papa Francisco a Cuba esta semana. Durante su estancia en la isla, el pontífice advirtió a los dos bandos que Colombia no podía permitirse un fracaso en su mejor oportunidad para alcanzar la paz en décadas.
Santos dijo que las FARC prometieron desmovilizarse en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo, que se espera en un plazo máximo de seis meses.
Pero los negociadores aún deben acordar la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas. Santos también ha prometido dar a los colombianos la oportunidad de expresar su opinión sobre el tema a través de un referéndum y cualquier acuerdo al respecto debe ser aprobado también en el Congreso.
Como parte de las negociaciones en Cuba, las partes han llegado a acuerdos sobre una reforma agraria, la participación política para los guerrilleros que dejen las armas y la forma de combatir conjuntamente el tráfico de drogas. Como un gesto de buena voluntad, las FARC iniciaron el 20 de julio un cese unilateral al fuego que ha reducido la violencia política en el país a su nivel más bajo desde 1975, según CERAC, un grupo de estudios de Bogotá que monitorea el conflicto.
Pero en medio de estos gestos simbólicos un tema ralentizaba los avances: cómo compensar a las víctimas y castigar a los comandantes de las FARC protagonistas de salvajes matanzas, desplazamientos y secuestros — delitos que incumplen las convenciones de derechos humanos internacionales firmadas por Colombia — y enfrentar el rechazo público casi unánime a los rebeldes.
Las FARC — que hoy en día tienen unos 6.400 guerrilleros desde los más de 20.000, según cálculos oficiales, de hace más de una década — insistieron en que no cometieron ningún delito y en que no abandonarán el campo de batalla si tienen la prisión como único destino. Solo aceptarán condenas de cárcel si los líderes del ejército colombiano, a quien también se le atribuye una letanía de crímenes, y la élite política de la nación cumplen también penas.
