Por RICARDO ALONSO-ZALDIVAR
WASHINGTON
AP
Un cambio en los procedimientos del gobierno ha llevado a un gran aumento en la cantidad de gente que pierde su cobertura médica amparada por la ley de atención sanitaria de Obama debido a cuestiones migratorias y de ciudadanía.
Más de 400 mil personas han visto su seguro cancelado, casi cuatro veces más que el año pasado.
El gobierno de Obama afirma seguir la letra de la ley, y este año eso significa un margen de tiempo menor para resolver cuestiones migratorias y de ciudadanía. Sin embargo, grupos activistas señalan que el sistema del gobierno para verificar la cualificación de acceso al programa tiene problemas graves, y consumidores con derecho legal a recibir beneficios están pagando el precio.
«El mismo perro, distinto collar», señaló Jane Delgado, presidenta de la National Alliance for Hispanic Health, en alusión a un viejo dicho español sobre las situaciones que no parecen cambiar. «El resultado es gente que se ve privada del seguro de salud cuando lo pidieron de buena fe».
El Centro Nacional de Derecho sobre Inmigración estima que la abrumadora mayoría de las 423 mil personas que vieron terminada su cobertura tienen permiso para residir legalmente en el país o ciudadanía estadounidense, y se vieron atrapadas en un complicado e ineficaz sistema de revisión de documentos.
Ángel Padilla, analista de política sanitaria en el centro, señaló que la idea de que muchos inmigrantes sin autorización legal para permanecer en el país fueran a arriesgarse a alertar a una agencia federal solicitando subsidios pagados por el contribuyente desafía al sentido común.
«Alguien que intenta enviar documentos una y otra vez… es alguien que cree que tiene una situación migratoria apta», señaló. En comparación, en todo 2014 las personas que perdieron su cobertura debido a cuestiones de ciudadanía y migración ascendieron a 109 mil personas.
La ley de seguro médico de Obama especifica que sólo los ciudadanos estadounidenses y personas con permiso de residencia tienen derecho a cobertura en los nuevos mercados de seguros, que ofrecen pólizas subvencionadas. El gobierno señaló que este año la ley provee un margen de 95 días para resolver problemas de documentación relacionados con la ciudadanía y la migración. En 2014 no existía ese límite porque era el primer año de expansión de HealthCare.gov.
El año pasado «teníamos la autoridad de ofrecer a los consumidores más flexibilidad, no estábamos tomando medidas en un plazo estricto», señaló Ben Wakana, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. «En 2014 pasamos a un plazo de unos tres meses, así que los consumidores tienen que actuar deprisa para entregar la documentación correspondiente».
Ese plazo más pequeño no sería tan problemático si el gobierno comunicara de forma clara qué documentos hacen falta, afirmó Padilla. «Si estuviera más claro lo que tiene que hacer el consumidor, no tendríamos las cifras que tenemos», afirmó.
El gobierno asegura que sigue haciendo mejoras constantes para ayudar a los consumidores.
Los hispanos, el grupo étnico más grande del país, están entre los principales beneficiarios de la ley de Cuidado de Salud Asequible.
La tasa de adultos latinos entre los 18 y los 64 años sin seguro cayó de casi el 41% en 2013 a aproximadamente el 28% en los primeros tres meses de este año, según un sondeo del gobierno. Pero los hispanos siguen teniendo más posibilidades de no tener cobertura que las personas de otros orígenes étnicos y raciales.
Reclutar a más latinos es una prioridad para el gobierno y los defensores de la ley.
El gobierno es muy sensible a las acusaciones republicanas de que ofrece beneficios sanitarios a personas que no tienen derecho a recibirlos, incluidos los que no pueden demostrar su ciudadanía o status legal. Los investigadores de la Oficina de Cuentas del Gobierno lograron suscribir personas ficticias a través del sitio web HealthCare.gov en 2014, y al menos en principio renovaron su cobertura para este año.
Pero esta pesquisa bipartisana del Congreso también halló indicios de dificultades en las comunicaciones del sistema con los consumidores sobre las solicitudes con problemas.
Por ejemplo, el sistema de seguros pidió a ocho de los beneficiarios falsos que enviaran documentación adicional para demostrar su ciudadanía e identidad. Pero la lista de documentos que podían enviarse se refería a registros para verificar los ingresos. Tras enviar los documentos, el sitio web no indicó en algunos casos si eran aceptables o no.
HealthCare.gov «no siempre ofreció comunicaciones claras y completas», indicó el informe de la oficina este verano. «No siempre sabíamos el estado actual de nuestras solicitudes ni los documentos específicos requeridos para respaldarlas».
La cantidad de coberturas suspendidas podría ser mayor. La cifra de 423 mil personas sólo abarca a los estados donde funciona el mercado federal de seguros de salud. Eso no incluye a California, un estado con mucha inmigración, ni a Nueva York, que gestionan sus propios sistemas.
LEY SANITARIA OBAMACARE
La Ley de Cuidados de Salud Asequibles (Affordable Care Act) fue firmada por el Presidente Barack Obama como ley para reformar la industria de los cuidados de la salud el 23 de marzo del 2010, y fue confirmada por el supremo tribunal de justicia el 28 de junio del 2012. El objetivo de ObamaCare, es dar acceso a los americanos a seguros médicos de calidad de acuerdo a sus posibilidades económicas y reducir el gasto en cuidados de salud en los EE.UU.
La ley exige a la mayoría de los adultos no cubiertos por un plan de salud, ya sea proporcionado por sus empleadores o patrocinado por el gobierno, que mantengan una cobertura, arriesgándose en caso contrario a ser penalizados con una multa. Este tipo de exigencia es comúnmente llamada mandato individual. Quienes ganen por debajo del cuádruple del umbral de pobreza (US$ 92 mil 200 al año para una familia compuesta por cuatro personas) recibirán créditos fiscales con el fin de subvencionar el pago del seguro de salud.
«El mismo perro, distinto collar», «El resultado es gente que se ve privada del seguro de salud cuando lo pidieron de buena fe», Jane Delgado, presidenta de la National Alliance for Hispanic Health.
«teníamos la autoridad de ofrecer a los consumidores más flexibilidad, no estábamos tomando medidas en un plazo estricto», «En 2014 pasamos a un plazo de unos tres meses, así que los consumidores tienen que actuar deprisa para entregar la documentación correspondiente», Ben Wakana, Portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
