MÉXICO
AP

Un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó, lo que desató el enojo e indignación de los familiares de los jóvenes por lo que consideran un engaño de la autoridad.

El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.

Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señaló que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.

«No tenemos indicios que podamos sustentar de dónde están los desaparecidos», dijo Carlos Beristain, doctor español y uno de los cinco expertos del grupo.

Los expertos refirieron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, «el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque».

Los padres de los estudiantes arremetieron contra la autoridad y en particular contra el exprocurador general Jesús Murillo por haberles dado información que según el informe de los expertos independientes no era correcta.

Los familiares pidieron una reunión en persona con el presidente Enrique Peña Nieto y que el grupo de expertos permanezcan en el país de manera indefinida hasta que se dé con el paradero de los alumnos.

«No vamos a aceptar otra mentira del gobierno», dijo Blanca Nava, mamá de Jorge Álvarez.

«Lo del basurero nunca pasó», señaló Mario César González, el papá de César Manuel. «La pregunta es ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿para dónde se llevaron a nuestros hijos?», añadió.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló que ha dado instrucciones para que se tomen en cuenta los señalamientos del grupo en las investigaciones oficiales de un caso que ha desatado indignación nacional e internacional.

Poco después, la procuradora general Arely Gómez anunció en un mensaje que solicitará un nuevo peritaje que analice lo que sucedió en el basurero y que su oficina estudiará las conclusiones del grupo para valorar si las incorpora a la investigación oficial.

La funcionaria, que no aceptó preguntas de la prensa, también dijo que solicitará una prórroga para que el grupo de expertos continúe sus trabajos sobre el caso. La Comisión Interamericana ya había hecho esa petición al gobierno.

«El informe… es fundamental para la investigación», añadió.

El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la «verdad histórica» de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que, el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.

Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: «los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula».

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