BUENOS AIRES
Un juicio buscará determinar la responsabilidad de miembros del Poder Judicial y político, entre ellos el expresidente argentino Carlos Menem, en las irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra el centro judío AMIA que mató a 85 personas y por el que 21 años después no hay detenidos ni culpables.
«El juicio es muy trascendente por las personas involucradas y por su propio objeto procesal, el encubrimiento de los autores del atentado», dijo a The Associated Press la fiscal Sabrina Namer.
Entre los 13 acusados de supuesto encubrimiento están el expresidente Menem (1989-1999) y el ex juez federal Juan José Galeano, quien asumió la investigación horas después del estallido de la bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
También serán juzgados a partir del jueves dos ex fiscales, un ex jefe de inteligencia, ex miembros de la policía, un líder judío y un mecánico que entregó la camioneta que estalló frente a la AMIA.
«Después de 21 años de falta de justicia, engaño y estafa moral a los familiares, esperamos que se sepa la verdad sobre todos aquellos que complotaron para encubrir y desviar la investigación», expresó Olga Degtiar, madre de una de las víctimas.
Aunque la justicia argentina ha dado por acreditado que el grupo fundamentalista islámico Jezbola fue el responsable del atentado con apoyo de Irán, persisten las dudas sobre la complicidad de Siria y de ciudadanos argentinos.
La fiscalía sostiene que el juez Galeano, por presión de Menem, dejó de investigar la pista que involucraba al ciudadano sirio-libanés Alberto Kanoore Edul, detenido al descubrirse que había llamado a Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta, días antes del atentado.
Kanoore Edul, cuyo padre tenía relación con la familia Menem que también era originaria de Siria, tenía en su agenda al entonces agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su supuesta participación en el atentado.
En entrevista con AP Galeano negó haber recibido una orden de Menem y explicó que investigó a Kanoore Edul pero no encontró pruebas suficientes para procesarlo. AP intentó comunicarse con Menem y sus abogados pero no obtuvo respuesta.
El otro eje del juicio es el pago de 400.000 dólares a Telleldín, entonces el único detenido por el atentado, para que revelara a quiénes había entregado la camioneta. Según la investigación el pago lo negoció Galeano con el guiño del gobierno, ya que el dinero provino de la Secretaria de Inteligencia del Estado.
Tras recibir el dinero Telleldín declaró que había entregado la camioneta a policías de la provincia de Buenos Aires. Ese testimonio fue determinante para que más de una decena de policías fueran detenidos y sometidos a juicio en 2001. Tres años después un tribunal declaró nula la causa y absolvió a los acusados.
Galeano admitió que el pago no fue correcto pero que lo hizo porque sintió que la memoria de las víctimas justificaba cualquier medio para llegar a la verdad. También dijo que está convencido de que parte de los policías involucrados por Telleldín tuvieron vinculación con el ataque.
Mientras la fiscal Namer confía en que el juicio «arroje luz sobre la investigación del atentado y nos permita generar un movimiento en la investigación», otros se han mostrado escépticos.
El proceso oral comienza cuando la opinión pública todavía está sensibilizada por la muerte del fiscal a cargo de la investigación del atentado, Alberto Nisman.
Nisman apareció muerto en misteriosas circunstancias cuatro días después de presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento del ataque.
