POR REDACCIÓN LA HORA
Con información de Ap y dpa
BOGOTÁ, Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son un movimiento político, social y armado que se rige bajo el ideal marxista, leninista bolivariano; su presencia en toda Colombia, su estatuto interno que prohíbe prácticas inhumanas y degradantes, su mando unificado y su vocación de poder en la perspectiva de una verdadera democracia, no dejen duda de su carácter beligerante. Esta fuerza surgida en Colombia hace más de 45 años hace parte del Movimiento Continental Bolivariano MCB, que abraza todas las organizaciones y formas de lucha a las que deben recurrir los pueblos para su liberación.
La construcción de las FARC como organización, su crecimiento y expansión se han dado por penetración territorial, es decir, hay un centro que controla, estimula y dirige el desarrollo de la periferia. Las FARC, en este tramo de la historia de Colombia, se situó en la anunciación de una operación humanitaria para entregar al subteniente, pero la entrega se frustró inicialmente porque el mal estado del tiempo impidió a un helicóptero con emblemas del CICR aproximarse al lugar de la selva donde se produjo la entrega.
El gobierno y las FARC, que negocian en La Habana desde noviembre de 2012, acordaron el pasado 12 de julio agilizar las conversaciones para llegar a un alto al fuego bilateral y definitivo y según un documento develado ese día, el gobierno se comprometió a reducir las acciones militares contra las FARC a partir del 20 de julio, en coincidencia con la entrada en vigor de un cese del fuego unilateral de un mes que la guerrilla declaró el 8 de julio.
Los negociadores señalaron que esperan contar con el apoyo de la ONU y de la Unasur para implementar un sistema de monitoreo y verificación de la tregua. Los avances para llevar adelante ese sistema deberán ser evaluados dentro de cuatro meses, según las partes.
Los negociadores de las FARC divulgaron en La Habana una comunicación dirigida a todos sus «bloques, frentes, columnas, compañías y demás estructuras político-militares» para que a partir de la cero horas del lunes cesen «toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas armadas del Estado y la infraestructura pública y privada».
Sin embargo, los negociadores de la guerrilla indicaron que «ninguna unidad de las FARC está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque».
Las FARC iniciaron en diciembre pasado un cese del fuego unilateral que levantaron en mayo a raíz de bombardeos de la Fuerza Aérea que en ese mes dejaron cerca de 40 guerrilleros muertos.
El gobierno había suspendido los bombardeos en marzo, pero ordenó reanudarlos en abril cuando un ataque guerrillero dejó 11 militares muertos, en momentos en que las FARC aún mantenían el compromiso del alto el fuego.
Y es que las razones del conflicto están enraizadas en el pasado y han creado una herida marcada por el cansancio y por ofensivas que han dejado muerte y cuestionamientos acerca de ¿Cuándo será el final?
La tierra, el origen político del conflicto armado, el narcotráfico como principal factor de prolongación y degradación de la guerra, y la vital importancia que tendrá el posconflicto, son los puntos de convergencia fundamentales que tienen los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV). Estos no pretenden ser una comisión de la verdad, necesaria en una lógica del posconflicto, pero se convierten en insumo para la misma, así como en el primer ejercicio de construcción plural de memoria histórica y un aporte importante para acompañar al actual proceso de paz, que busca ponerle fin a una guerra “arcaica, inútil, costosa y sin futuro”, como concluye la comisión.
La ofensiva de las FARC se ha dirigido desde mayo principalmente contra la infraestructura eléctrica y petrolera, lo que ha causado serios daños ambientales por el derrame del crudo.
La petrolera colombiana Ecopetrol reportó que un nuevo atentado con explosivos fue cometido contra un pozo ubicado cerca de Tibú, en el departamento del Norte de Santander (noreste), aunque en este caso no hubo daño ambiental.
Un nuevo alto al fuego unilateral decretado por las FARC será clave para el futuro del proceso de paz colombiano, pues si se cumple y hay avances significativos en la mesa de negociaciones en La Habana, vendrá una tregua bilateral como antesala a la firma de un acuerdo de paz definitivo.
Al menos eso es lo que espera el gobierno colombiano, según un calendario anunciado por el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada. Si no hay progresos podrían venirse abajo las negociaciones, advierte el mandatario, que se enfrenta en octubre a unas elecciones regionales a las que llega debilitado.
«Nuestras fuerzas armadas están listas para un gradual desescalamiento, si las FARC cumplen», dijo Santos al país en una alocución televisada el jueves. Pero si la guerrilla no cumple su parte, los militares estarán listos para enfrentarla, «con la determinación y contundencia con que siempre lo han hecho».
Al alto al fuego declarado por la guerrilla del 20 de julio al 20 de agosto el gobierno respondió con una reducción de su ofensiva en el conflicto, previo a la firma de una tregua bilateral. Así, el proceso de paz pende de un hilo y éste parece ser un punto de quiebre: o cesan las acciones militares de parte de ambos bandos, con la subsecuente tregua y paz, o se rompen las negociaciones y se sigue adelante con la guerra que ya lleva 50 años.
Durante la instalación del nuevo año legislativo, Santos exhortó a la unidad de los colombianos e invitó a los líderes del país «a que serenemos los espíritus y depongamos las armas entre nosotros» en favor de la paz.
«Si en algo necesitamos estar unidos, es en esto. Si algo debe unir a las fuerzas vivas del país es la paz. ¡Por supuesto que es la paz!», afirmó el mandatario.
«Yo los convido a que abandonemos juicios y prejuicios, a que dejemos de lado posiciones intransigentes, a que hablemos con serenidad y sin medias verdades, y a que busquemos los acuerdos en medio de las diferencias», agregó.
Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones de paz en noviembre de 2012, son más los colombianos (46% que prefieren una salida militar, frente al 45% que apuesta por una solución dialogada al conflicto debido a los atentados de los últimos meses, según la última encuesta de Gallup realizada a mil 200 entrevistas personas en las principales ciudades del país a finales de abril.
Este cese al fuego tendrá una duración de un mes que podría ser ampliada a cuatro, y pone fin a un paréntesis de 56 días de hostilidades que siguieron a la ruptura de una tregua anterior y en los que hubo más de 20 muertos, decenas de heridos y ataques a oleoductos y torres eléctricas que dejaron sin luz a cientos de miles de personas. Un ataque a un oleoducto provocó uno de los atentados ecológicos más graves de la historia reciente de Colombia en junio pasado.
Santos suele citar al exprimer ministro israelí Isaac Rabin como inspirador de su estrategia de seguir negociando la paz como si no pasara nada en el campo de batalla. Pero afronta esta etapa con su popularidad en picada. Estos 56 días de enfrentamientos han herido su imagen y la del proceso de paz.
El comienzo de la tregua unilateral vino precedido de atentados. Sólo unas horas antes de que comenzara el alto al fuego se registraron dos ataques que las autoridades atribuyen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que dejaron dos soldados heridos en la provincia del Chocó.
Hasta ahora hubo por lo menos seis treguas unilaterales. La última y más duradera duró cinco meses, de diciembre a mayo, pero fue rota en abril al morir diez militares tras una emboscada de la guerrilla cuando dormían en un polideportivo en Cauca. Aquel ataque sacudió a la opinión pública y provocó que Santos decidiera reactivar los bombardeos contra los campamentos de las FARC, que había suspendido meses antes.
El contraataque causó la muerte de 40 guerrilleros y, pocas semanas después, el 22 de mayo, la guerrilla izquierdista declaró oficialmente el fin del alto al fuego.
Desde entonces, en las últimas ocho semanas ha habido un goteo diario de atentados e incidentes. El Centro para el Análisis de Conflictos (CERAC) ha contabilizado 145 acciones ofensivas de las FARC que han dejado 24 muertos, 22 de ellos policías y soldados y 66 heridos, según esta organización que recopila los datos cotejando versiones oficiales de la guerrilla, de las agencias internacionales, de los reportes de prensa y de llamadas al terreno.
Hasta el 8 de julio hubo un 300% más de acciones armadas que durante los meses de cese unilateral de las FARC. En menos de dos meses desde la ruptura, esta guerrilla protagonizó siete veces el número de acciones que las realizadas durante cinco meses de duración de la tregua unilateral.
Los ataques guerrilleros se han enfocado en la infraestructura petrolera y eléctrica y el hostigamiento a distancia contra puestos de la fuerza pública.
«Las FARC quieren golpear el aparato productivo porque además ya no tienen la fuerza de antes para tomar una población o atacar un cuartel», dijo León Valencia, presidente de la Fundación Paz y Reconciliación. Entre estos ataques está el enorme desastre ecológico ocurrido por el vertido de 284 mil galones de petróleo a una cuenca hídrica en Putumayo que dejó sin agua a varias poblaciones.
En estos 56 días «fue sorprendente la capacidad bélica demostrada por las FARC y su habilidad para discriminar objetivos dañando lo menos posible a la población civil», explica Jorge Restrepo, director de CERAC y profesor de la Universidad Javeriana.
La oleada de enfrentamientos de las últimas semanas ha ocurrido muy lejos de la capital. De los 32 departamentos del país, dos del Pacífico, Cauca y Nariño, en uno de los corredores de tráfico de cocaína más activos de Latinoamérica, fue donde se concentró la gran mayoría de enfrentamientos y atentados.
Santos afronta esta nueva etapa con el índice de popularidad más bajo desde que llegó al poder en 2010. El expresidente Álvaro Uribe, principal enemigo de Santos y del proceso de paz, aparece como el político más valorado por los colombianos, lo que podría llevar a su partido a importantes victorias de sus candidatos a gobernación en las elecciones de octubre.
«La opinión pública le ha cobrado esto carísimo y los enemigos al proceso de paz han utilizado de forma eficaz los atentados para colocarlo al borde del abismo», afirmó Valencia. Sin embargo, el analista considera que, si descienden radicalmente las acciones bélicas y cambia la retórica de la mesa, es posible dar la vuelta a las encuestas.
«Hasta ahora el 80% de las energías de FARC y gobierno se empleaban en desprestigiar al contrario, y así es difícil construir confianza entre las partes, pero veo un tono diferente en esta nueva etapa», apuntó Valencia.
Santos también insiste en el optimismo y suele citar al líder sudafricano Nelson Mandela para decir que no hay que hacer mucho caso al ruido que se genera alrededor de la mesa.
Lo cierto es que los fusiles se silenciaron, parcialmente, para dar un nuevo empuje al proceso de paz.
PROBLEMÁTICA
Analizar el conflicto en Colombia y su situación actual es pensar en una historia de más de 40 años entre negociaciones con los grupos armados, la construcción de la paz y el bienestar de su pueblo. A medida que pasaba el tiempo, el conflicto se fue agudizando y nuevos actores se sumaron al desarrollo de los hechos: narcotraficantes, paramilitares, delincuencia común, pobreza, desempleo y reformas agrarias. La participación de la sociedad en su conjunto es fundamental para realizar un cambio en Colombia. Y es allí donde organizaciones, como Inspir Action, juegan un papel fundamental gracias a su trabajo con las comunidades afectadas por esta lucha.
El Conflicto colombiano ha generado graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales, desafíos para los responsables políticos y las comunidades afectadas, directa o indirectamente. Los diálogos y conversaciones de paz han abierto una ventana a la esperanza. Muchos nuevos inversores han llegado a Colombia, gracias a las garantías de seguridad que ofrece el gobierno colombiano, afectando positivamente al empleo y en la generación de nuevas actividades productivas. A pesar de estos intentos de normalizar la vida del colombiano, todavía persisten algunos problemas sociales que se deben solucionar.
Como desplazamientos de campesinos de sus tierras y hogares a la fuerza, provocando una de las mayores crisis social y humanitaria que este país ha tenido que enfrentar. Sociólogos y psicólogos señalan que estos desplazamientos afectan seriamente a quienes los padecen y que tarda muchos años en recuperar la normalidad. La causa principal es la violencia asociada al conflicto armado. Aparición de grupos armados al margen de la ley, responsables de varios abusos a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. El secuestro y el homicidio son los delitos que asociados al conflicto colombiano han marcado el presente y el futuro de una sociedad.
TRAUMA
Niños y Jóvenes ingresados en las filas de estos grupos terroristas, donde han presenciado abusos sexuales, homicidios y ataques contra poblaciones. La violencia en la que viven a diario ha jugado un papel importante en la alta deserción escolar de esta parte de la población vulnerable; asimismo la desintegración familiar en la cual muchas familias han tenido que enviar a algunos de sus miembros a las grandes ciudades en busca de oportunidades de empleo o se han visto forzados a huir de la violencia, y otras, con menos suerte, han visto cómo los integrantes más jóvenes eran obligados a ir a la guerra a través del servicio militar o elegían formar parte de grupos terroristas para poder subsistir y sobrevivir en semejante coyuntura; el impacto psicológico y cultural en los más jóvenes, la infancia ha crecido en medio del conflicto armado y en muchas ocasiones ha sido protagonista de actos terroristas e inhumanos que sin duda alguna repercuten en el crecimiento normal de los niños de este país.
