Por FREDDY CUEVAS y ALBERTO ARCE
TEGUCIGALPA, Honduras Agencia AP

Más jóvenes del movimiento de protesta Oposición Indignada se sumaron el miércoles a un campamento en las cercanías de la Casa Presidencial de Honduras y en la ciudad de San Pedro Sula para exigir al gobierno la instalación de una comisión internacional contra la impunidad.

Germán Ayala, Gerson Suazo y Luis Banegas acompañan ahora a quienes mantienen desde el lunes una huelga de hambre y una acampada a pocos metros de la residencia del mandatario: Ariel Varela, Miguel Briceño y Osman Calero.
En el lugar hay ahora seis manifestantes en tres pequeñas tiendas de campaña rodeados por vallas y decenas de policías que impiden que nadie se acerque al lugar en el que los jóvenes protestan en un movimiento desatado tras darse a conocer un gran desfalco en el Seguro Social realizado por funcionarios públicos.

Otros 16 comenzaron el miércoles un ayuno en las inmediaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula, segunda ciudad del país ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la capital.
«Somos hondureños indignados por el escándalo del Seguro Social, por la impunidad. Desde hoy acampamos y declaramos huelga de hambre», declaró Vladimir Altamirano, uno de los que están en San Pedro Sula.

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y los manifestantes están enfrentados por los dos modelos de lucha contra la impunidad y la corrupción diferentes: el propuesto por Hernández, de carácter hondureño pero con asesoría extranjera, y el que reclaman los manifestantes, exclusivamente extranjero y basado en la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que Naciones Unidas instaló en Guatemala en 2006.

Hernández compareció el martes acompañado de representantes de los tres poderes del Estado para proponer un diálogo abierto y sin condiciones a los representantes de la sociedad civil, con el objetivo de crear un sistema nacional contra la corrupción con apoyo de asesores extranjeros. Según datos del Ministerio Público, en Honduras hasta el 96% de los crímenes no llegan nunca a una resolución judicial.
Pero los jóvenes lo rechazan tajantemente y se niegan a dialogar hasta que no se instale la comisión internacional.

«El discurso del presidente no es creíble. Solo se puede avanzar con intervención internacional», dijo Altamirano.
Sin embargo, el gobierno parece inflexible. El coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Hernández Alcerro, dijo que «una autoridad internacional es algo que en estos momentos la Constitución no permite».

El mandatario hizo su propuesta en medio de la tensión política generada por el movimiento conocido como «Marchas de las antorchas», en el que decenas de miles de hondureños han salido a las calles de todo el país desde mayo para protestar contra la corrupción y la impunidad, con el detonante del escándalo de fraude y desvío de fondos del Seguro Social por más de 100 millones de dólares. Durante todo el gobierno del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) se sobrevaloraron bienes y servicios, se vendieron medicamentos caducos y se pagaron comisiones. Parte del dinero financió la campaña que llevó a Hernández a la presidencia.

En el escándalo están implicados importantes miembros del Partido Nacional en el gobierno, desde el vicepresidente Ricardo Álvarez, señalado en repetidas ocasiones por el presidente como receptor de fondos del Seguro Social para el partido, hasta la ministra de desarrollo social, Hilda Hernández, hermana del presidente, o la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, investigada por fraude en la venta de medicamentos al organismo de seguridad social.

Karla Cueva, viceministra de derechos humanos, dijo el miércoles tras reunirse con los acampados de Tegucigalpa que el gobierno no los desalojará y «garantizará el monitoreo constante del estado físico de los manifestantes, además de la provisión de una ambulancia permanente para asegurar la atención médica oportuna, en caso de necesitarse, por la falta de ingesta de alimentos en una huelga de hambre».

Pese al perímetro de seguridad que rodea las tiendas de la acampada y la fuerte presencia de policía y militares, un grupo de ex militares, policías y ex policías atacaron el lunes en la noche a los partidarios de los huelguistas, enfrentamiento que dejó a una persona hospitalizada. Hubo tres detenidos, que fueron puestos en libertad inmediata. Uno iba armado y fue identificado como presidente de la Asociación de Reservistas del Ejército de Honduras.
Para el viernes está convocada otra movilización de las antorchas que desembocará frente a la Casa Presidencial para reunirse con los huelguistas de hambre. Se temen posibles conflictos porque el gobierno ha anunciado una acción similar de sus simpatizantes hacia el mismo punto el mismo día y a la misma hora.

Artículo anteriorContaminación amenaza uno de los grandes lagos del planeta
Artículo siguienteEn tierras de Estado Islámico: Creando la nación del miedo