WASHINGTON
AP
Una Corte Suprema profundamente dividida preservó ayer una vital herramienta usada durante más de cuatro décadas para combatir la discriminación en viviendas, otorgando al gobierno de Barack Obama y a activistas de derechos cívicos una sorpresiva victoria.
Los jueces fallaron 5-4 que las leyes federales de viviendas permiten a la gente impugnar reglas de hipotecas, zonificación y otras prácticas del sector que tienen un impacto perjudicial sobre minorías, incluso si no hay prueba de que compañías o agencias del gobierno tenían intención de discriminar.
El juez Anthony Kennedy, en un raro voto a favor de grupos de derechos civiles en asuntos de raza, se sumó a los cuatro miembros liberales de la corte para ratificar el uso de los llamados casos de «impacto desigual».
El fallo es un triunfo para activistas del sector vivienda que argumentaron que la Ley de Alojamiento Justo de 1968 permite impugnar políticas racialmente neutras que tengan efectos negativos sobre minorías. El Departamento de Justicia ha usado demandas de impacto desigual para ganar más de 500 millones de dólares en resoluciones legales de compañías acusadas de discriminar a clientes negros e hispanos.
Es una derrota para bancos, compañías de seguro y otros grupos de la industria que dijeron que esas demandas —a menudo basadas en estadísticas— no son permitidas explícitamente por la ley, que fue creada para eliminar la discriminación que ha existido desde hace tiempo en los alojamientos residenciales.
«La corte reconoce el papel de la Ley de Alojamiento Justo en hacer avanzar a la nación hacia una sociedad más integrada», dijo Kennedy.
La Casa Blanca emitió una declaración en la que dijo que la decisión «refleja la realidad de que la discriminación a menudo opera no sólo abiertamente, sino en formas más ocultas». Y la secretaria de Justicia Loretta Lynch expresó que la dependencia a su cargo continuaría implementando vigorosamente la Ley de Alojamiento Justo «con todas las herramientas a su disposición, incluyendo impugnaciones basadas en efectos discriminatorios injustos e inaceptables».
Con su fallo, la corte preservó una estrategia legal que ha sido empleada por más de 40 años para atacar discriminación en leyes de zonificación, reglas de ocupación, prácticas hipotecarias y seguros. Todas las cortes federales que consideraron el caso ratificaron la práctica.
El caso en debate esta vez en la corte involucraba una apelación de funcionarios de Texas acusados de violar la Ley de Alojamiento Justo al otorgar créditos fiscales federales de una manera que mantenía viviendas para personas de bajos ingresos fuera de barrios blancos.
