Por JOSHUA GOODMAN
BOGOTA, Colombia
AP
Decenas de altos mandos del ejército colombiano implicados en la muerte de 3 mil civiles considerados falsamente guerrilleros han escapado a su castigo en una de las peores atrocidades cometidas en América Latina, dijo hoy Human Rights Watch.
Sin mencionar el nombre de la mencionada organización no gubernamental, el presidente Juan Manuel Santos salió en defensa de los generales.
En un informe de 105 páginas titulado «El rol de los altos mandos en falsos positivos», la organización de derechos humanos hace un detallado balance sobre el patrón de los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas -que reciben apoyo de Estados Unidos- y los procedimientos legales… contra los soldados que durante varios años intentaron presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate para inflar el conteo de rebeldes abatidos y lograran así promociones y recompensas.
Aunque más de 800 uniformados han sido condenados por estos homicidios, la mayoría son de bajo rango. No se han presentado cargos en contra de ningún oficial que estuviera al frente de una brigada o arriba en la cadena de mando al momento de los asesinatos, entre 2002 y 2008, en el pico de la ofensiva militar contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre los altos funcionarios señalados por Human Rights Watch están dos de los más distinguidos generales de Colombia: Juan Pablo Rodríguez, actual jefe de las Fuerzas Armadas, y Jaime Lasprilla, comandante del Ejército. Ambos militares dirigieron brigadas en diferentes partes del país en las que, bajo su mando, se registraron al menos 76 de los asesinatos.
«Los generales están lejos de recibir el golpe», dijo el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
A principios de este año, el fiscal jefe Eduardo Montealegre indicó que más de una docena de generales estaban bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido encausado formalmente.
Human Rights Watch dijo que Lasprilla no se encuentra entre los que son investigados, pero Rodríguez sí.
El martes, la oficina de Montealegre ordenó a cuatro generales retirados, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, comparecer para dar su testimonio ante los fiscales que investigan estos asesinatos. Vivanco saludó la decisión de la Fiscalía pero advirtió que «aquí hay mucha tela que cortar; esto no se agota en esos cuatro generales».
Santos cesó en 2008 a tres generales y a otros comandantes superiores mientras se desempeñaba como ministro de Defensa cuando estalló el escándalo. Como gobernante ha expresado su apoyo a las investigaciones del personal del ejército.
Human Rights Watch quiere que Santos vaya más lejos, especialmente ahora que se negocia un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierda que, para tener éxito, debe poner fin a los abusos cometidos por todas las partes durante medio siglo de conflicto.
En una intervención ante el alto mando militar, Santos dijo que contra Rodríguez y Lasprilla no hay investigaciones formales, ni penales, ni disciplinarias y que si ha habido uniformados que han cometido faltas «que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución».
El informe destaca el caso de un soldado, Nixon de Jesús Cárcamo, quien fue asesinado el año pasado en un cuartel militar durante su detención por cargos relacionados con los «falsos positivos». Once días antes de su asesinato había dicho a los fiscales que temía por su vida porque estaba acusando a sus superiores.
El documento también critica la falta de supervisión por parte de Estados Unidos, y pide al gobierno de Obama suspender la parte de la ayuda militar a Colombia que está condicionada al respeto a los derechos humanos, una partida de alrededor de siete millones de dólares al año.
