Por ANNIE OURSO
WHITE CASTLE / Agencia AP

Roberto Núñez y su primo Aurelio vinieron a Luisiana en busca de algo que no conseguían en México: sustento para sus familias. Diez meses al año los Núñez y miles de latinoamericanos llegan a Luisiana para trabajar en el campo con permisos de trabajo temporales, una visa H-2A. Unos 15 mil latinoamericanos tienen esa visa de trabajo en Luisiana, según el Centro de Investigaciones Pew.

Aurelio, de 40 años, ha venido a esta comunidad agrícola los últimos tres años. Pero su familia permanece en la Ciudad de México.

«Tengo tres hijas, una en la universidad y dos en la escuela secundaria», comenta Aurelio. «El dinero que gano es para mi familia. Quiero que mis hijas reciban una educación».

Roberto, de 32 años, es de una ciudad pequeña del estado de Guanajuato y lleva trabajando aquí ocho años. Igual que su primo, también mantiene a su familia, su madre viuda y a dos hijos.

«Es mejor aquí porque en México uno puede ganar 100 dólares en una semana, mientras que aquí lo podemos ganar en un día», expresó.

El programa de visas H-2A, manejado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, permite a los agricultores contratar trabajadores con visas temporales para hacer tareas que no quieren desempeñar los estadounidenses.

«La única forma de poder traer estos trabajadores es demostrando que no se pueden llenar esas plazas con trabajadores de Estados Unidos», declaró Brian Breaux, coordinador de políticas públicas de la Farm Bureau Federation, que representa a ganaderos, agricultores y residentes rurales de Luisiana. «Para que los agricultores puedan seguir cultivando, (el gobierno) nos permite traer trabajadores con visa».

Luisiana es el quinto estado con más trabajadores agrícolas con la visa H-2A, 7 mil 115 en total, según el Departamento del Trabajo. Solo lo superan Carolina del Norte, Florida, Georgia y Washington.

Otros 5 mil 147 latinoamericanos vienen a Luisiana como trabajadores no agrícolas temporales, con una visa H-2B. Más de 2 mil 700 llegan con vistas H-1B para trabajadores con aptitudes especiales y 200 tienen certificados laborales permanentes.

Esos 15 mil trabajadores extranjeros con visa son una fuerza menor comparada con los 65 mil inmigrantes que viven en Luisiana sin permiso, según el Centro Hispano Pew.

El Centro para Estudios de Inmigración estimó que la población total de inmigrantes hispanos aumentó un 6% desde el 2010 y llega hoy a 182 mil personas, incluyendo los que están en el país legalmente y los que no.

Estos estimados indican que una tercera parte de la población de inmigrantes de Luisiana está en el país sin permiso. El resto tiene visas de trabajo, estudio o turismo, o son ciudadanos estadounidenses.

María Rosa Eads, directora de la Diócesis Católica del Apostolado Hispano de Baton Rouge, coincide con el estimado de la población que está en el país ilegalmente es acertado. El apostolado ofrece servicios de inmigración a la comunidad hispana, según Eads, ayudándola a llenar formularios y solicitudes para traer a sus familiares al país.

«Son bienvenidos sin importar cómo llegaron (legal o ilegalmente)», declaró. «Generalmente no preguntamos porque lo que nos interesa es ayudar».

Para los Núñez, lo más seguro es venir con visas de trabajo.

«Es mejor con papeles», dijo Roberto Núñez, añadiendo que muchos inmigrantes arriesgan la vida al cruzar la frontera ilegalmente.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas expulsó a 12 mil 693 personas que vivían ilegalmente en Luisiana en el 2013. Más de la mitad habían sido hallados culpables de algún delito, según el agente de relaciones públicas del Servicio Bryan Cox.

Roberto y Aurelio tienen ambos visas H-2A que les permiten trabajar en las plantaciones de azúcar de White Castle. Llegan en marzo para preparar el terreno, en agosto hacen la siembra y de octubre a fines de diciembre cortan la caña de azúcar.

Una vez concluido el ciclo, regresan a sus casas. «Me gusta este trabajo. Lo que no me gusta es la separación de mi familia. El 28 de diciembre regreso a México», dijo Roberto.

El programa H-2A ganó popularidad en Luisiana cuando comenzó a escasear la mano de obra local y las granjas reducían su tamaño, de acuerdo con Breaux. Muchas granjas pudieron seguir operando gracias a los trabajadores migrantes.

Según Breaux, los estadounidenses no se interesan en este tipo de trabajo. Las actividades agrícolas generalmente son por temporada, además de un trabajo arduo sin demasiados beneficios. Incluso si se aumentasen los sueldos, sostuvo, difícilmente los estadounidenses deseen trabajar en el campo.

Si se fijan sueldos más altos, las ganancias de los agricultores disminuyen. Y dado que los precios son fijados por el mercado, los agricultores generalmente no pueden subir los precios por su cuenta para compensar por los mejores salarios.

«Tal vez si se pagasen sueldos súper altos más gente quiera trabajar en el campo, pero da la sensación de que simplemente no quieren hacer este tipo de trabajo», afirmó Breaux. «Si se ofreciese trabajo los 12 meses del año, con jubilación y seguro médico, sería otra historia. Pero los agricultores generalmente ofrecen entre cinco y ocho meses de trabajo».

La principal organización laboral del estado, la filial de la central obrera AFL-CIO de Luisiana, no está de acuerdo. El nivel de los salarios puede afectar la decisión de los trabajadores locales de no buscar empleo en el campo, según la secretaria-tesorera Julie Cherry.

«Es una combinación de cosas, el nivel de trabajo, su naturaleza temporal… y también los sueldos, porque a menudo no dan para vivir en un sitio como Estados Unidos», sostuvo Cherry. «Da para vivir en los sitios de donde vienen los migrantes».

Dado que la mayoría de los estadounidenses no están al tanto del programa de visas, señaló Breaux, los trabajadores con visas H-2A a veces son confundidos con inmigrantes que están en el país ilegalmente.

«La gente ve a hispanos en Wal-Mart y en otros negocios y de inmediato piensa que son indocumentados, pese a que tienen visas de trabajo legales», comentó. «Hacemos las cosas como corresponde».

Antes de que las autoridades aprueben solicitudes de visas H-2A, los empleadores deben llenar formularios del Departamento del Trabajo y demostrar que no pueden cubrir esas plazas mediante avisos en los diarios, que deben ser publicados dos días distintos, uno de ellos el domingo. También deben contactar a antiguos empleados para ver si quieren regresar.

En Luisiana los empleadores les pagan a los trabajadores con visas H-2A el sueldo mínimo a nivel nacional, 9,87 dólares la hora.

«El sueldo mínimo de un trabajador con la visa H-2A es más alto que el de los empleados domésticos», dijo Breaux. «De modo que no traemos gente de afuera para pagarle menos».

Estos trabajadores con visa H-2A no cobran horas extras y no se les hacen aportes al Seguro Social ni al seguro médico Medicaid. Sí se pagan impuestos estatales y federales si perciben más de 3 mil 900 dólares.

Además de pagar sueldos más altos, los agricultores deben absorber los costos de las visas, los pasaportes y transporte, y hacerse cargo del alojamiento y de los servicios.

«Cuando uno termina de pagar todo esto, el trabajador resulta bastante caro», dijo Breaux.

El agricultor Cecil Ramagos, de Iberville, está asociado con Quad Ag Enterprises, una operación de caña de azúcar y soja que contrata unos 50 trabajadores migrantes con visa por año.

Dice que si bien tramitar las visas puede ser costoso, su granja probablemente no sobreviviría sin estos trabajadores.

«Esta gente está dispuesta a trabajar y sienten orgullo en lo que hacen. No les importa si tienen que operar máquinas, quemar la caña, plantarla… Lo hacen», expresó.

Los únicos trabajadores nacionales que tiene Ramagos son sus hijos, sobrinos y un puñado de personas que están desde hace mucho con él. Aseguró que rara vez alguien expresa interés cuando pone avisos en medios locales.

«Han venido algunos. Pero se van después de unas pocas horas», dijo Ramagos. «No hay una fuerza laboral con la que uno pueda contar».

«Tal vez si se pagasen sueldos súper altos más gente quiera trabajar en el campo, pero da la sensación de que simplemente no quieren hacer este tipo de trabajo. Si se ofreciese trabajo los 12 meses del año, con jubilación y seguro médico, sería otra historia. Pero los agricultores generalmente ofrecen entre cinco y ocho meses de trabajo».
Brian Breaux
Farm Bureau Federation

«Tengo tres hijas, una en la universidad y dos en la escuela secundaria. El dinero que gano es para mi familia. Quiero que mis hijas reciban una educación».
Aurelio Núñez

«Es mejor aquí porque en México uno puede ganar 100 dólares en una semana, mientras que aquí lo podemos ganar en un día».
Roberto Núñez


Un pendiente de la agenda legislativa

Los republicanos en la Cámara de Representantes, donde son mayoría, están divididos sobre si financiar al gobierno un par de meses para seguir teniendo influencia sobre el presidente Barack Obama en el tema de la inmigración o aprobar una ley de gastos para todo el año que despeje el camino para un nuevo comienzo para cuando el Partido Republicano obtenga el control total del Congreso en enero.

Legisladores más pragmáticos como los que encabezan la Comisión de Asignaciones están presionando duro para una ley de gastos general y advierten que los más conservadores que quieren condicionar el presupuesto a la decisión ejecutiva que pueda adoptar Obama en inmigración, como se prevé, podrían provocar un cierre del gobierno el próximo mes o año.

Pero muchos conservadores no quieren ceder ningún poder a Obama y los demócratas en el Senado que deberán ceder el control del Congreso en 2015. Los conservadores prometen usar todas las cartas —incluyendo retener fondos para implementar cualquier orden ejecutiva migratoria— para bloquear a Obama.

«Muy pocas personas quieren hacer una ley de gastos de largo plazo y renunciar a todo el poder que sólo hemos conseguido en las elecciones», dijo el representante Tim Huelskamp, republicano por Kansas.

Pero otros legisladores advierten que poner el veto como cebo a una previsión migratoria pondría a los republicanos en camino a un cierre del gobierno, como sucedió año pasado, cuando, por no financiar la nueva ley de salud, el gobierno quedó 16 días sin funciones. Las percepciones de una parálisis en Washington malhumoraron a muchos votantes en las recientes elecciones.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, advirtió que si Obama emite órdenes ejecutivas en el tema migratorio estará cometiendo «un grave error», aunque al mismo tiempo prometió que no forzaría un cierre del gobierno por el tema.

Ello podría resultar complicado ya que figuras más conservadoras como el senador Jeff Sessions de Alabama han prometido usar todos los recursos a su disposición a fin de obstruir cualquier iniciativa de Obama en el tema migratorio, incluso el uso de sus atribuciones presupuestarias.

Sessions y el senador Mike Lee de Utah están entre los que favorecen usar un próximo proyecto presupuestario — sea en diciembre o el año entrante — para impedir que Obama tome medidas ejecutivas que podrían eximir de deportación a millones de inmigrantes que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos. A lo mínimo, desean aprobar una lista de gastos limitada y dejar las decisiones mayores para el próximo año, cuando los republicanos controlarán el Senado.

La decisión sobre aprobar una medida de gastos a corto plazo a fin de evitar un cierre del gobierno, o aprobar una propuesta más amplia que cubra todo el año fiscal, será tomada en discusiones entre figuras republicanas esta semana. Líderes republicanos como John Boehner desean una solución más a largo plazo, pero no está claro qué desea la militancia del partido.

«No sé qué va a pasar con eso», dijo el senador republicano Lindsey Graham, «tendremos que esperar a ver».

Otro de los temas pendientes en el Congreso saliente, es el proyecto del oleoducto Keystone XL.

La senadora demócrata Mary Landrieu propuso someter a votación el proyecto, una causa que hasta ahora había sido promovida por los republicanos.

Landrieu está en medio de una campaña para lograr un desempate en unas elecciones el próximo mes, contra el republicano Bill Cassidy. Ella ha apoyado la idea del oleoducto, que iría de Canadá hasta Texas, pero hasta ahora no ha podido someter el asunto a votación y ello ha afectado su campaña.

El proyecto redactado por Cassidy fue recientemente aprobado por la Cámara de Representantes y los republicanos programaron otra votación para el jueves.

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