Por CHRISTOPHER SHERMAN
TIXTLA / Agencia AP
María Telumbre conoce el fuego. Se dedica a hacer tortillas en una cocineta de carbón, y la experiencia le dice que cocinar un chivo lleva cuatro horas. Por eso, se niega a creer en la explicación dada por el gobierno mexicano de que integrantes de un cártel del narcotráfico incineraron a su hijo y a otros 42 estudiantes desaparecidos en una gigantesca hoguera en menos de un día, lo que habría borrado cualquier huella que permita identificar los cadáveres.
Para ella, el hallazgo de dientes calcinados y fragmentos de hueso no son una prueba convincente y tienen el mismo valor que las fosas clandestinas descubiertas en el estado de Guerrero desde que los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Simplemente, se rehúsa a aceptar que esas cenizas pertenezcan a su hijo de 19 años y a sus compañeros de escuela.
«¿Cómo es posible que en quince horas hayan quemado a tantos jóvenes, los hayan puesto en bolsas y los tiraran al río?», dice Telumbre. «Eso es imposible, como padres, no les creemos».
Según el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el recuento del crimen expuesto por el Procurador General de la República, con base en las confesiones de integrantes del grupo criminal, es el inicio de la solución del caso. Pero Telumbre, su esposo Clemente Rodríguez y otros padres creen que es otra mentira de un gobierno que quiere silenciar a los pobres y echarle tierra a este escándalo. Sus exigencias de que se diga la verdad han alimentado la rabia contenida de un país frente a la incapacidad del gobierno de confrontar a los brutales cárteles de la droga, a la corrupción y la impunidad.
El escepticismo de la familia Rodríguez tiene su origen en la colusión entre autoridades mexicanas y el crimen organizado. Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron vistos por última vez cuando la policía de la ciudad de Iguala los detuvo, presuntamente por órdenes del Alcalde. Soldados y policías federales no respondieron a las urgentes peticiones de los padres para que les ayudaran. El gobierno federal tardó diez días en intervenir y cuando lo hizo, dicen los padres, las autoridades se concentraron en descubrir tumbas clandestinas en lugar de buscar a los estudiantes vivos, por eso sólo han encontrado las fosas.
Telumbre y su esposo dicen que su amado hijo, Christian Rodríguez Telumbre, aún está vivo y culpan al gobierno por no rescatarlo a él y a sus compañeros.
«Los tendrán por allá escondidos, pero tengo la esperanza que cualquier día los van a soltar», dice su padre.
UN ESTADO VIOLENTO
Guerrero es un estado violento con un historial de revueltas armadas y en cuya economía el cultivo de marihuana y amapola son un factor importante. La familia Rodríguez vive lejos de los lujosos centros vacacionales de Acapulco e Ixtapa, en una zona agrícola cercana a la Escuela Normal Rural, una universidad que forma maestros en Ayotzinapa. Rodríguez trabaja como vendedor de agua embotellada mientras que su esposa vende las tortillas que hace en una estufa al aire libre. El humo se cuela a su casa, de un solo cuarto dividido con cortinas y construida de adobe, que comparten sus tres hijas, la madre de Rodríguez, y hasta hace poco, Christian.
Su hijo quería recibir una educación universitaria para ayudar a su familia. Quería estudiar Agronomía en la universidad, pero sus padres no tenían el dinero para costearlo. Su única opción era la escuela para maestros en la que no se paga por la colegiatura, y conocida por el estilo espartano de vida que se impone a sus estudiantes y por su activismo radical, y fundada con base en los principios de educación socialista emanados de la Revolución Mexicana.
Christian se inscribió a mediados del año, pero aún no se le permitía tomar clases. Los alumnos de grados superiores, que dirigen la escuela, le encomendaron la tarea de limpiar los dormitorios, donde los novatos dormían en colchones colocados en el suelo, sembrar hortalizas o pastorear ganado. También se les pedía participar en las actividades de recaudación de fondos para la escuela, que podrían incluir el apoderarse de camiones de comida o de casetas de cobro de peajes en las autopistas a nombre de la justicia social, o tomar autobuses para que los llevaran a manifestaciones estudiantiles.
La noche del 26 de septiembre, Telumbre y Rodríguez recibieron una llamada de su hija. Había problemas. Ambos acudieron inmediatamente a la escuela. Les dijeron que decenas de estudiantes habían ido a la ciudad de Iguala a recaudar dinero y que la policía había disparado contra los autobuses que allá se habían tomado por la fuerza. Los detalles iban apareciendo poco a poco: Christian formaba parte del grupo atacado; un estudiante recibió un disparo en la cabeza; tres más murieron al igual que tres personas que pasaban por el sitio; uno de ellos fue encontrado al lado de la carretera, le habían arrancado la piel de la cara y le habían sacado los ojos, una marca de los asesinatos cometidos por los narcos.
Rodríguez se encaminó a Iguala con otros diez padres. Su primera parada fue la oficina local de la Procuraduría federal. Los guardias no los dejaron entrar, pero los padres desesperados entraron a la fuerza y exigieron ayuda. Los funcionarios dijeron que no tenían información.
Luego fueron a la policía de Iguala, que también dijo que no conocía nada del tema aunque uno de ellos dejó entrever a Rodríguez que quizá los radicales estudiantes en realidad eran criminales que habrían recibido su merecido. Después se supo que las autoridades federales habían retenido a unos cuantos estudiantes, que esa tarde fueron liberados y que habían regresaron a la escuela. Pero Christian no estaba entre ellos.
Durante tres días más, los padres continuaron su desesperada búsqueda en hospitales, el edificio del Ayuntamiento y la base militar local. Persiguieron pistas que los llevaron a cuevas oscuras y a una hacienda abandonada donde se decía que el cártel Guerreros Unidos, escindido del cártel de Los Beltrán Leyva, los tenía prisioneros. En Iguala, Rodríguez dio su número de teléfono móvil a extraños y suplicó que le dieran información de manera anónima, pero todos parecían temerosos de hablar.
Las autoridades estatales detuvieron a 22 policías de Iguala en relación con el ataque al autobús y anunciaron que continuaban con la búsqueda de los 43 estudiantes. El alcalde, José Luis Abarca, solicitó licencia mientras se efectuaba una investigación y luego se fugó acompañado de su esposa María de los Ángeles Pineda.
Aún no había noticias de Christian.
DETENCIONES
Ocho días después de la desaparición de los estudiantes las autoridades federales anunciaron más detenciones. Dijeron que sospechosos los habían llevado a tumbas clandestinas en una colina de las afueras de Iguala, cerca de Pueblo Viejo. Veintiocho cuerpos fueron hallados en las fosas, pero la identificación de los cadáveres se complicó porque la escena del crimen había sido alterada y los investigadores forenses actuaron con torpeza al perder pruebas en el pestilente lodo. Los padres insistieron en que sus hijos no estaban ahí.
«Desde un principio nosotros nos dijimos que no nos asustáramos porque no eran ellos», dice Telumbre, una mujer de aspecto juvenil a sus 39 años. «No hay un análisis científico donde diga: ‘Aquí están sus muchachos’. No confiamos en ellos».
Diez días después de la desaparición de los estudiantes, el presidente Peña Nieto se refirió al tema y anunció el envío de fuerzas federales de seguridad para «conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables». El cártel Guerreros Unidos respondió colgando una pancarta en la que exigía la liberación de los 22 policías detenidos en Iguala o, de lo contrario, advertía que desataría una guerra.
Con el tiempo 10 mil policías federales y decenas de investigadores forenses, ataviados con sus trajes de protección para residuos peligrosos, se unieron a la búsqueda. También se ofreció una recompensa de 1,5 millones de pesos (alrededor de 112 mil dólares) a quien diera información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. Se detuvo a más personas: 76 en total. Pero aún no había rastros de los estudiantes.
Los mexicanos se han venido acostumbrando a los cruentos hallazgos de fosas clandestinas que contienen restos de víctimas de la guerra entre narcotraficantes. Según cifras del gobierno, hay más de 22 mil desaparecidos a causa del crimen organizado y otros hechos de violencia. Pero la desaparición de estos estudiantes pobres, atacados y detenidos por la policía, tocó una fibra sensible. Los mexicanos mostraron una vez más su incredulidad ante la incapacidad del gobierno para encontrarlos.
Rodríguez participó en una manifestación en Acapulco y miles de estudiantes marcharon en la Ciudad de México para exigir respuestas. La Policía Federal se hizo cargo de la seguridad de 13 municipios de Guerrero.
El 22 de octubre, el fiscal Jesús Murillo Karam anunció que el alcalde Abarca había ordenado a la policía interceptar a los estudiantes en Iguala para que no interrumpieran un discurso pronunciado por su esposa, información que fue aportada por un líder de Guerreros Unidos. El integrante de la banda dijo que ella era «la principal operadora de actividades criminales» en Iguala y que Abarca recibía entre 2 y 3 millones de pesos (entre 150 mil y 220 mil dólares) cada pocas semanas como sobornos para él y la policía corrupta de la ciudad.
Bajo intensa presión pública, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció a su cargo el 23 de octubre.
Posteriormente, expertos forenses llegaron a la conclusión de que la mayoría de los cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas no eran de los estudiantes. Luego Murillo Karam anunció un nuevo descubrimiento, el de restos humanos en bolsas de plástico en el río San Juan, cercano al vecino pueblo de Cocula.
Los padres no estaban satisfechos. Solicitaron una reunión con Peña Nieto y el 30 de octubre por fin les dieron audiencia en la que el presidente prometió que se haría una nueva búsqueda. A medida que escuchaba, la rabia de Rodríguez aumentaba. La policía detuvo a su hijo a poca distancia de una base militar en Iguala y los soldados no intervinieron. «¿Cómo es posible que no escucharan nada si estaban ahí?», le preguntó al presidente. Luego dijo que todos los policías de Iguala debían ser investigados. «La mayoría tiene culpa y deben estar encerrados en la cárcel».
Una semana más tarde, la policía encontró a Abarca y a su esposa escondidos en una humilde vivienda de estuco con la pintura descascarada en las paredes en una zona populosa de la Ciudad de México.
Finalmente, el viernes pasado, Murillo Karam informó a los padres y luego dio una conferencia transmitida por televisión en la que detalló cómo fueron asesinados los estudiantes, de acuerdo con confesiones ofrecidas por detenidos del caso.
Los jóvenes fueron llevados a un basurero cerca de Cocula en camionetas de carga que llevaban tantas personas, que 15 de ellos murieron de asfixia en el camino. Los sospechosos sostienen que los estudiantes fueron asesinados allí y que los asesinos apilaron sus cuerpos y encendieron una enorme fogata que ardió durante 15 horas. Luego metieron los restos pulverizados en bolsas que lanzaron al río.
«El alto nivel de degradación por el fuego hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación», dijo Murillo Karam ese día con un rostro lúgubre.
Las autoridades, no obstante, enviaron los restos a un laboratorio especializado en Austria como último recurso para presentar evidencias científicas que permitan a padres como Telumbre y Rodríguez aceptar la muerte de sus hijos.
TESTIMONIO DEL CONFLICTO
El hogar de la familia Rodríguez también es testimonio del conflicto. Hicieron un altar para Christian con su fotografía y con una figura de un Jesucristo moreno rodeado de velas, gladiolas amarillas y flores de cempasúchil, las que se usan en el Día de Muertos en México.
Pero Telumbre y Rodríguez siguen creyendo que Christian está vivo. Muestran fotografías de su apuesto hijo: 1,80 metros de estatura (6 pies), lo que lo hace un gigante en la familia, durante un baile tradicional. Hablan de cómo cerrarán la calle cuando le den una fiesta de bienvenida a su regreso y cuán feliz será ese día para todos.
«Aunque ya pasaron dos meses, lo que diga Murillo Karam, que ya están muertos, que ya encontraron las fosas, para mí los muchachos están vivos», dice Rodríguez.
En las semanas transcurridas desde que ocurrieron las desapariciones, la indignación del público ha aumentado. Estudiantes enmascarados y maestros marchan a diario lanzando consignas, mientras una minoría lanza bombas incendiarias. Esta semana cerraron el aeropuerto de Acapulco durante varias horas y quemaron edificios públicos en Iguala y Chilpancingo, la capital del estado. Alguien incluso incendió la puerta principal del Palacio Nacional en la Ciudad de México.
La indignación de Rodríguez también aumenta. Dice que los padres deben hacer «lo que sea necesario» para seguir presionando al gobierno. Culpa a la escuela por poner en riesgo a los estudiantes al enviarlos a pedir dinero, al alcalde y a la policía de Iguala que trabajaban con las bandas que los desaparecieron, al gobernador de Guerrero, al procurador que no pudo encontrarlos y al mismo Peña Nieto.
«Si se tratara de su hijo, movería mar y tierra para que aparezca», dijo, «pero como somos gente humilde, somos gente pobre, ahora sí nos humillan, nos discriminan, nos aplastan».
CIDH dará cooperación
La asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindará a México por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos será «en una primera etapa por seis meses, prorrogables», dijo el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa.
Rabasa explicó en una entrevista con el noticiero de Televisa que la CIDH enviará un grupo de expertos a México para trabajar sobre tres ejes, que serán planes de búsqueda, análisis de las líneas de investigación y atención de víctimas.
«Al incorporar la asistencia técnica, la CIDH en consulta con los peticionarios y con el Estado mexicano elaborará un grupo de expertos en distintas materias», informó Rabasa.
Hasta ahora no se ha determinado cuántos expertos enviará la CIDH a México, pero el representante mexicano ante la OEA (Organización de Estados Americanos) estimó que podrían ser entre ocho y diez.
El convenio entrará en vigor una vez que sea ratificado la semana próxima por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en México e «inmediatamente empieza a correr el plazo», dijo Rabasa.
Los expertos de la CIDH emitirán recomendaciones a las autoridades mexicanas y podrán hacer denuncias penales.
Un grupo de alto nivel formado por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General y la consejería jurídica de la presidencia se encargará de procesar las recomendaciones.
Rabasa calificó la firma del convenio de «histórica» porque es la primera vez que es un pacto tripartito en el que participan representantes del gobierno de México, de la CIDH y organizaciones no gubernamentales que representan a los estudiantes víctimas de desaparición forzada y sus familias.
«De esta manera estamos transparentando la acción del Estado mexicano y dando un ejemplo al continente de cómo México no le teme a la verdad en la solución de este problema», afirmó el embajador.
El acuerdo fue anunciado el miércoles, en cumplimiento de medidas cautelares dictadas en octubre por la CIDH a favor de las víctimas el 3 de octubre.
Los estudiantes, miembros de una combativa escuela rural para formación de maestros, fueron atacados por policías de la ciudad de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la capital, el 26 de septiembre.
El ataque, supuestamente ordenado por el entonces alcalde José Luis Abarca para impedir que irrumpieran en un acto de su esposa, dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Según personas detenidas por la fiscalía general, los jóvenes, en su mayoría de unos 20 años, fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó y calcinó en un basurero para después arrojar sus cenizas a un río.
Sin embargo, todavía no hay pruebas científicas que lo corroboren. Los pocos restos hallados serán analizados por un laboratorio en Austria para determinar si se trata de los jóvenes.
Las familias de las víctimas han rechazado la versión de que sus hijos puedan estar muertos.
Los padres anunciaron que harán una caravana nacional, formada por tres brigadas que recorrerán distintas partes del país, para informar a la sociedad sobre el caso. Los grupos confluirán el 20 de noviembre en una marcha en Ciudad de México.
CARAVANAS POR MÉXICO
Los padres de 43 estudiantes desaparecidos después de ser detenidos por policías y sicarios en la ciudad de Iguala, en el sur de México, partieron esta semana en caravanas a varias partes del país para llevar su mensaje de «indignación» e informar sobre la situación que viven.
La Brigada Nacional recorrerá, a través de tres rutas, diez de los 31 estados de México y concluirá el 20 de noviembre con una marcha y una concentración en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México.
«Vamos a exigir nos regresen a nuestros hijos porque para mí no están desaparecidos, el gobierno lo tiene escondido, en cualquier lugar, no sé dónde, pero no están desaparecidos», dijo Carmelita Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz y tía de otros dos estudiantes que forman parte del grupo de desaparecidos.
En autobuses y vehículos particulares, las primeras en partir fueron hoy las caravanas que recorrerán el norte del país y el estado de Guerrero y más tarde saldrá otro contingente, hacia el sur.
Originaria de Xalpatlahuac, municipio de Tecuanapa, Cruz, de 43 años, afirmó que todas sus energías están enfocadas en la localización del menor de sus hijos, que salió de su pueblo para estudiar en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» del municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero, para ser maestro.
Los 43 jóvenes desaparecieron después de ser perseguidos por policías, que mataron a otros seis e hirieron a 25 y que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Según testimonios de dos detenidos, fueron asesinados, calcinados y sus cenizas se arrojaron a un río cerca de Iguala.
Pero los padres no creen en esta versión ni confían en las autoridades. Dicen que sólo aceptarán lo que les informe el Equipo Argentino de Antropología Forense designado por las familias. Restos encontrados en la zona han sido enviados a Austria para su identificación.
«El gobierno habla sin pruebas y nosotros vamos a creerles cuando los argentinos nos digan qué es lo que esté pasando», afirmó Cruz.
Las caravanas salieron de un punto conocido como El Arco, en la entrada de la comunidad de Ayotzinapa donde está la escuela, luego de una marcha en la que participaron organizaciones sociales, maestros y estudiantes de la Normal, que entregaron a los padres recursos que recolectaron en estos días para el viaje.
El portavoz de las familias, Felipe Flores, señaló que la gira informativa busca «enlazar una red de comunicación con todas las organizaciones sociales» del país para poner fin a la impunidad.
Los estados que visitará la caravana antes de llegar a la capital son Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala, así como siete municipios de Guerrero, incluida la ciudad de Acapulco.
