Por Andrea Sosa Cabrios
Ciudad de México / Agencia dpa
El fuego ardió durante más de 14 horas desde la medianoche. Y las cenizas estaban tan calientes que los victimarios esperaron todavía otras tres horas y media para meterlas en bolsas de plástico y desparramarlas en un río, para no dejar rastros.
Así fueron quemados supuestamente, una vez asesinados, 43 estudiantes desaparecidos en México por parte de policías municipales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, según el testimonio de dos detenidos que la fiscalía aún busca corroborar.
Hay por lo pronto una certeza: ahí fue asesinado un grupo grande de personas. Sin embargo, hasta que se demuestre lo contrario, para las autoridades se seguirá «considerando desaparecidos» a los alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», buscados desde hace un mes y medio.
Las familias han rechazado la versión de las autoridades. Las autoridades siguen «torturando a los padres de familia», dijo Felipe de la Cruz, vocero de las familias. «Para nosotros, mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos».
El relato de los detenidos es escalofriante. Y los peritos han encontrado en el lugar restos humanos, pero no han podido identificarlos por el grado de calcinamiento que presentan.
Hará falta la intervención de laboratorio de punta de la Universidad de Innsbruck, Austria, para saber quiénes son: la mayoría son cenizas y los dientes recogidos se deshacen.
«Están en tal proceso de calcinación que casi con tocarlos se convierten en polvo», dijo el procurador Jesús Murillo Karam al presentar una reconstrucción de los hechos referidos por los detenidos ante la prensa.
Pero hay una convicción, dijo el fiscal: «Ahí hubo un homicidio de mucha gente» y esas muertes «forman parte de los hechos sucedidos en Iguala», la ciudad donde los estudiantes desaparecieron, 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
Los testimonios indican que los policías entregaron los estudiantes al grupo criminal entre las localidades de Iguala y Cocula y que éstos los llevaron en dos vehículos al basurero municipal de Cocula, a «un barranco oculto a la vista» para acabar con sus vidas. Nadie vio nada. Es un lugar aislado y «el temor de la población es enorme», dijo el fiscal.
Unos 15 llegaron muertos, otros inconscientes, según los testimonios. A los demás los mataron, después de interrogarlos, para saber quiénes eran y qué hacían en Iguala. Los Guerreros Unidos pensaban que se trataba de miembros del grupo rival de Los Rojos.
De acuerdo con estas declaraciones, una vez muertos, los tomaron por las manos y los pies, los balancearon y los arrojaron desde una parte alta hasta el fondo del barranco para convertirlos en cenizas.
En videos difundidos por la Procuraduría General, dos detenidos contaron los detalles. Pusieron piedras en un círculo, llantas, madera y plástico. Después acomodaron los cadáveres «así, como si fueran leña».
El fuego quedó prendido durante horas, contó uno de los presuntos participantes en la matanza. Ellos se fueron y después regresaron «a limpiar». Recogieron las cenizas y pequeños huesos en ocho bolsas y se fueron a tirarlas al río San Juan.
Una madre que no quiso dar su nombre dijo en una conferencia de prensa desde la escuela rural del magisterio que para ellos «siguen vivos» hasta que se demuestre lo contrario.
NEGLIGENCIA
La desaparición forzada de los estudiantes, que presuntamente fueron asesinados y calcinados, es una muestra de la «negligencia» del Estado mexicano, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).
«La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia», afirmó la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
La organización defensora de los derechos humanos afirmó que las líneas de investigación sobre desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales «han sido limitadas e incompletas».
El procurador general, Jesús Murillo Karam, «ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado», señaló.
Además, indicó que se ignoraron denuncias que ya existían contra el alcalde destituido de Iguala, José Luis Abarca, el supuesto autor intelectual del ataque a los estudiantes, que en 2013 fue acusado de matar personalmente a un líder social.
«Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar», agregó.
UNA PROMESA
presidente de México, Enrique Peña Nieto, garantizó hoy que su gobierno «no cejará hasta que se haga justicia» en el caso de desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, después de que la procuraduría diera a conocer que, según testigos, los jóvenes fueron asesinados y convertidos en cenizas.
«Los hallazgos presentados indignan y agravian a toda la sociedad mexicana», dijo Peña Nieto en una reunión de industriales.
El presidente mexicano calificó de «crímenes abominables» los hechos, que ocurrieron entre el 26 y el 27 de septiembre en la ciudad de Iguala del sureño estado de Guerrero, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
«El gobierno continuará con los esfuerzos para el total esclarecimiento de los hechos», añadió el procurador.
Los avances en las investigaciones, presentados por el procurador general, Jesús Murillo Karam, fueron rechazados por los familiares de los estudiantes, que pertenecen a una escuela rural pobre para formación de maestros de Guerrero.
Peritos han encontrado cenizas y restos humanos en el lugar donde presuntamente se cometió la matanza, en un hecho en el que participaron policías municipales aliados con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo, por el grado de calcinación harán falta estudios avanzados en laboratorios de Innsbruck, Austria, para determinar si se trata de los jóvenes.
Murillo Karam afirmó que las investigaciones no se han cerrado y que para las autoridades los jóvenes siguen desaparecidos, hasta tanto haya una corroboración total de los dichos de los detenidos.
REDOBLAR ESFUERZOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al gobierno mexicano a redoblar sus esfuerzos para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y llevar a los culpables ante la justicia.
La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, consideró hoy en rueda de prensa que la detención el pasado 4 de noviembre del alcalde de Iguala y su esposa, que estaban prófugos de la justicia, «constituye un avance» en el caso.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes y operadores del cártel Guerreros Unidos, fueron arrestados la madrugada del martes en una casa del barrio de Iztapalapa en la Ciudad de México, después de más de un mes prófugos.
La CIDH reconoció «la firme voluntad» de las autoridades mexicanas de investigar los hechos y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de identificar a los autores materiales e intelectuales y someterlos a la justicia.
Sin embargo, la Comisión se mostró muy preocupada «por la falta de progreso en la determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos».
La CIDH urgió al estado mexicano a «multiplicar sus esfuerzos y a dedicar todos los recursos humanos y materiales que resulten necesarios en esta búsqueda, así como a adoptar medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa».
La presidenta de la CIDH explicó que la Comisión todavía no ha tomado una decisión sobre si ofrecerá asistencia técnica a México para desarrollar capacidades para la búsqueda de desaparecidos, tal y como han solicitado tanto las organizaciones pro derechos humanos como el gobierno mexicano. Las partes deben ponerse antes de acuerdo sobre lo que necesitan.
Aunque ninguna de las audiencias de la CIDH que se celebraron la semana pasada sobre México estaba exclusivamente dedicada a Iguala, el caso salió a relucir en varias ocasiones. En una de las audiencias, los representantes de las organizaciones pro derechos humanos leyeron uno a uno los nombres de los 43 desaparecidos y, acto seguido, se guardó un minuto de silencio en memoria de los estudiantes ejecutados extrajudicialmente.
Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, la Comisión solicitó el pasado 3 de octubre al estado de México que adoptara medidas cautelares en el caso de Iguala para determinar la situación y el paradero de estudiantes desaparecidos y que investigara los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, agentes municipales, aliados con el cártel de los Guerreros Unidos, estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato y desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Los estudiantes fueron perseguidos por la policía municipal por órdenes del alcalde, según la fiscalía, para evitar que interrumpieran un acto de su esposa.
Hubo seis muertos y 25 heridos y la policía se llevó a 43 jóvenes, a los cuales supuestamente entregó a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Todavía no hay pistas sobre su paradero.
RECHAZAN VERSIÓN
Las familias de 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el sur de México rechazaron hoy la versión de que sus hijos puedan estar muertos y acusaron a las autoridades de «torturar» a los padres con la información dada a conocer hoy.
«Para nosotros, mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos», afirmó Felipe de la Cruz, vocero de las familias, en una conferencia de prensa en la Escuela Normal Rural de «Raúl Isidro Burgos», a la que pertenecen los jóvenes, en la localidad de Tixtla del sureño estado de Guerrero.
«Hoy nos quieren sorprender diciendo que hicieron ceniza a nuestros hijos», añadió.
Las familias exigieron pruebas irrefutables que corroboren las líneas de investigación de las autoridades.
Varios de los padres, madres y compañeros de los jóvenes cuestionaron ante los periodistas las investigaciones. «Ya nos los mataron muchas veces y van a faltar más veces que nos los van a matar, pero esperemos en Dios que estén vivos», dijo uno de los padres.
También cuestionaron que el presidente Enrique Peña Nieto esté por viajar a la región de Asia-Pacífico, el próximo domingo, para asistir a reuniones del foro APEC y del Grupo de los Veinte (G20) y para realizar una visita de Estado a China.
«Están jugando con nosotros», dijo Daniel Velázquez, miembro del comité estudiantil de la escuela.
