Por CHRISTOPHER SHERMAN,
MATAMOROS,
Agencia AP
Las investigaciones sobre la muerte de tres hermanos estadounidenses en una ciudad fronteriza del norte de México continuaban centradas en posibles lazos con las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo independiente que investiga supuestos casos de abuso de poder, incluyendo los cometidos por organismos gubernamentales, envió agentes a Matamoros esta semana para buscar respuestas en el caso de los tres hermanos Alvarado, que aparecieron la semana pasada muertos por armas de fuego.
El estado fronterizo de Tamaulipas lleva más de cuatro años sufriendo episodios de violencia relacionados con los cárteles del narcotráfico. Soldados, marines y las policías federal y del estado reemplazaron hace tiempo a una policía local plagada de corrupción.
Pero con los cambios llegaron enfrentamientos más violentos. El mes pasado, las autoridades mexicanas informaron de tres tiroteos distintos en media hora, entre Matamoros y Reynosa, en los que mataron a 19 supuestos hombres armados.
«Por desgracia, esta oleada que está creciendo en nuestro país ha llevado a emplear marines o soldados como policía municipal», señaló José Javier Saldaña Badillo, delegado regional de la CNDH del estado de Tamaulipas en Matamoros, que recibió la denuncia inicial del padre de los jóvenes estadounidenses antes de redirigirla a la comisión nacional.
Los padres de Érica, Alex y José Ángel Alvarado Ribera, hermanos residentes en Progreso, Texas, dijeron que hombres armados con uniformes de la unidad especial de la policía de Matamoros llamada Grupo Hércules se llevaron a los hermanos y al novio de Érica, José Guadalupe Castañeda Benítez, de una taquería cerca del control de la localidad fronteriza de El Control, en México, el 13 de octubre. Sus cuerpos se localizaron el 29 de octubre en una zona rural a las afueras de Matamoros.
Las autoridades locales dijeron que el grupo Hércules se formó con ex soldados y marines preparados por la policía del estado para ofrecer seguridad a las autoridades locales y perseguir el crimen en zonas de alto riesgo.
Ayer se vio a los investigadores de la comisión humanitaria realizando entrevistas y tomando fotografías en el negocio de vehículos importados Alpha, en el centro de Matamoros. La compañía, que tiene varios establecimientos en la ciudad, es propiedad del secretario de bienestar social de Matamoros, Luis Alfredo Biasi. El secretario no estuvo presente y se desconocía si había sido entrevistado. Biasi no respondió a peticiones de organizar una entrevista.
Los padres de Érica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera dijeron que el jeep Cherokee de Érica y la camioneta Tahoe de Alex se encontraron dentro del recinto cercado de Alpha tras su desaparición.
El gerente del negocio declinó hacer comentarios sobre el tema el martes tras ser entrevistado por la CNDH. Sentado con una Biblia abierta sobre su escritorio, dijo tener miedo de represalias y pidió que no se reprodujera su nombre. Al salir el reportero, cerró la puerta con llave.
Además de las tareas de la comisión de derechos humanos, investigadores del estado de Tamaulipas ya entrevistaron a nueve miembros del grupo Hércules, así como al director de operaciones de la unidad en Matamoros, el empleado municipal Mariano Vega, y al director de seguridad pública local, Juan Sánchez Alvarado.
La CNDH indicó el martes en un comunicado que los Alvarado fueron «supuestamente detenidos cerca del puente internacional de Los Indios, sin ser trasladados ante una autoridad gubernamental ni saber quién los detuvo».
El caso sigue a otros dos sucesos recientes con implicación de organismos oficiales. Las autoridades federales anunciaron el martes la detención del acalde de Iguala y su esposa, señalados por la desaparición de 43 universitarios de en septiembre. Las autoridades han dicho que el alcalde ordenó a la policía que interceptara a los estudiantes para que no interrumpieran un discurso de su esposa. Los estudiantes fueron entregados después a un cártel de narcotraficantes y siguen en paradero desconocido.
En otro incidente en junio, un grupo de soldados mató a 22 supuestos delincuentes en el Estado de México y después alteró la escena e intimidó a los testigos para ocultar el hecho de que muchos de los muertos fueron ejecutados tras rendirse, indicó la CNDH. Tres soldados están acusados de asesinato.
