Por E. EDUARDO CASTILLO,
MÉXICO
Agencia AP
Policías federales detuvieron la madrugada hoy al alcalde de la ciudad mexicana de Iguala y a su esposa, considerados los autores intelectuales de un ataque que derivó en la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio que ha sacudido al país.
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en Iztapalapa, una zona popular del oriente de la ciudad de México, informó la Policía Federal a través de su cuenta de Twitter.
Dos funcionarios mexicanos, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa, dijeron que agentes de la Policía Federal realizaron una operación en la que no se hizo ni un solo disparo.
Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición el 26 de septiembre de los estudiantes de magisterio de la Normal Superior de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
La detención de la pareja podría arrojar luz sobre el paradero de los jóvenes.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal y posterior intervención de un grupo de narcotraficantes, que derivó en la muerte de seis personas y la desaparición de los estudiantes.
En una conferencia el 22 de octubre el procurador general Jesús Murillo Karam expresó que la intención del ataque fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
Murillo ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero -Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal- que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que Guerreros Unidos entregaba con periodicidad variable, semanal y mensual, entre dos y tres millones de pesos (entre 150 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delictivo, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento 56 personas entre policías, funcionarios municipales y miembros de Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto de los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los «halcones» -vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado-, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes de Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les perdió la pista.
Se han identificado a por lo menos tres de los integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador Karam ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido a mediados de octubre, y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
«Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)», ha declarado Murillo. «Es nuestra principal prioridad en este momento».
