Por LEONARDO HABERKORN
MONTEVIDEO / Agencia AP
Piña quiere que se haga algo para frenar la ola de robos y violencia que sacude a Uruguay, pero está confundido por la oposición del gobierno a un proyecto de reforma constitucional que contempla leyes más severas para los delincuentes adolescentes y que es uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales de mañana 26 de octubre.
«Por sentido común, creo que sería bueno aprobar esta reforma, pero hay gente que para mí es referencia que dice que lo mejor es no votar, y al final no sé qué pensar. Todavía no lo tengo decidido», dijo Piña en alusión al plebiscito sobre una posible reducción de la edad de imputabilidad a llevarse a cabo el mismo día que las elecciones.
Las historias de robos y asaltos se repiten con tanta frecuencia en Uruguay que no es extraño que la seguridad pública sea el principal tema de debate en la campaña. «Para el 60% de los uruguayos la seguridad pública es el problema más importante o el segundo», dijo Ignacio Zuasnabar, de la empresa Equipos, una de las principales consultoras de opinión pública.
Para el diputado socialista Julio Bango, del oficialista Frente Amplio, el reclamo de más seguridad «es una preocupación genuina de los ciudadanos» que se incrementó, en parte, porque las angustias por otros temas, como el desempleo, se disiparon en los últimos años de crecimiento del país. «En la medida que la calidad de vida de la población mejoró, se instaló un legítimo reclamo de mayor seguridad. Tiene que ver, además, con un aumento de la violencia asociada a los delitos. El número total de delitos se mantiene más o menos constante, pero ha subido el número de delitos violentos».
Los robos con violencia, llamados «Rapiñas» en Uruguay, pasaron de 11.391 en 2009 a 16.718 en 2013. Los homicidios, que fueron 199 en 2011, alcanzaron los 260 en 2013, el 20% de ellos cometidos durante asaltos a mano armada. Historias de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes y crímenes encargados a sicarios, inimaginables en Uruguay una década atrás, ahora se repiten con frecuencia. El 27 de septiembre un hombre fue asesinado a balazos dentro de un ómnibus del transporte público de Montevideo y otra pasajera fue herida de un balazo. La historia provocó una verdadera conmoción en un país pequeño, de apenas 3,3 millones de habitantes, que durante décadas se ufanó de sus niveles de seguridad.
El Frente Amplio, cuando estaba en la oposición, decía que los delitos aumentaban porque había pobreza. Ahora que su gobierno bajó la pobreza y los delitos siguen subiendo, arguye que los delincuentes son jóvenes que quedaron marginados durante los años que gobernaban los partidos tradicionales y que la irrupción del narcotráfico en Uruguay incrementó la violencia del delito. Los partidos tradicionales, por su parte, acusan al Frente de manejar mal la policía, no saber cómo lidiar con la delincuencia y haber liberado presos para descongestionar las cárceles durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el candidato de esa coalición en las elecciones de mañana.
Todos los partidos políticos proponen medidas para tratar de frenar esa creciente violencia. Una de las más polémicas, que se plebiscitará junto con las elecciones, es la de bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad para los delitos graves.
Los adolescentes hoy son imputables en Uruguay desde los 13 años, pero hasta los 18 son juzgados por un código más benévolo, con penas reducidas. Su prontuario delictivo, además, se borra cuando llegan a adultos. El texto a plebiscitar propone que cuando ya tienen 16 años y cometen un delito grave, si el juez lo entiende pertinente, puedan ser juzgados de acuerdo al código para adultos, y que los antecedentes no se borren. Los adolescentes de entre 16 y 17 que cometan estos delitos graves deberán cumplir sus penas en una nueva institución, distinta al actual sistema de reclusión para niños y adolescentes y al sistema de cárceles para adultos, ambos muy criticados.
Además, se indica que deberá existir una protección y reparación para las víctimas de delitos.
«Aprobar esta reforma es un primer paso para lograr más seguridad en Uruguay. No vamos a solucionar todo el problema, pero será un paso en la dirección correcta», el diputado Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, el principal impulsor de la propuesta.
Pedro Bordaberry, senador, líder y candidato presidencial del Partido Colorado, consiguió más de 367 mil rúbricas para plebiscitar esta reforma de la Constitución.
Su propuesta ha dividido el espectro político uruguayo. El candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que marcha segundo en las encuestas, la apoya, pero su compañero de fórmula Jorge Larrañaga, la rechaza.
En cuanto al Frente Amplio, todos sus dirigentes están en contra. «La propuesta no resuelve nada. No dará más seguridad porque solo el 8,8% de los delitos los cometen menores. Y si se aprueba el crimen organizado reclutará a adolescentes menores de 16», dijo Bango, el diputado socialista.
Sin embargo, las encuestas marcan que al menos un 30% del electorado del Frente Amplio apoya la reforma, cansado del aumento en los delitos. En total, las encuestas sostienen que el electorado está dividido en mitades lo que hace muy difícil aventurar un resultado.
El sistema electoral uruguayo, además, juega en contra de éste y de todos los plebiscitos, porque para ser aprobados necesitan que la mitad más uno de los votos tengan una papeleta que diga «Sí», pero no hay papeleta por el «No», sino que por la negativa se computan todos los votos que carecen de papeleta. Ahí se suman los que rechazan la propuesta, pero también miles de desinformados o desinteresados, incluso los votos en blanco, gente que solo concurre a votar porque hacerlo es obligatorio por ley en Uruguay.
Otras propuestas no se plebiscitarán, pero están en los programas de los partidos: triplicar la pena a los reincidentes de delitos graves (Partido Colorado), creación de una Guardia Nacional que complemente la tarea de la policía (Partido Nacional) y hasta instaurar la cadena perpetua para delitos graves y la castración química para los violadores (Partido Ecologista Radical Intransigente).
También la ley que creó el mercado legal de la marihuana se debate como tema de seguridad. El gobierno del presidente José Mujica presentó el plan como un modo de ayudar a mejorar la seguridad, al reducir consumo de pasta base de cocaína, una droga a la que se le atribuye la responsabilidad por muchos robos violentos.
«Muchos ciudadanos comparten ese argumento, pero le ven otros problemas a tener un mercado de marihuana, y en el balance ven más perjuicios que beneficios», dijo Zuasnabar, de la consultora Equipos. «Desde que la ley fue sancionada, hasta hoy, el 65% de los uruguayos ha estado en contra».
Lacalle Pou, si llega a ser presidente o a conseguir la mayoría parlamentaria, prometió derogar la parte de la ley que habilita la venta en farmacias, aunque mantendría la posibilidad de que los consumidores cultiven sus propias plantas. Su compañero de fórmula, el senador Larrañaga querría derogarla toda, lo mismo que Bordaberry, el candidato colorado. Incluso el oficialista Vázquez mostró un apoyo tibio y receloso al proyecto de Mujica: en una entrevista con el semanario Búsqueda, dijo que es «increíble» que la marihuana vaya a venderse en farmacias y que habrá que estar atento a los efectos de la ley, por si es necesario dar marcha atrás.
El socialista Bango cree que el plan le arrebatará el mayor mercado de la droga en Uruguay al narcotráfico, lo que redundará en una mejor seguridad pública.
Promesa de continuidad
Montevideo
Agencia dpa
El médico Tabaré Vázquez, quien llevó por primera vez a la izquierda uruguaya al gobierno del país en 2005, se postula en las elecciones de mañana como el candidato presidencial que ofrece mantener las políticas con énfasis social que aplica el Frente Amplio (FA) de José Mujica.
Vázquez, de 74 años, proviene de una familia humilde del barrio obrero de La Teja de Montevideo. Con sacrificio logró completar la carrera de médico especializado en oncología, en la que logró reconocimiento en el ámbito científico local e internacional.
Entró a la política a finales de los años 80, cuando fue postulado por el FA como intendente (alcalde) de Montevideo, la ciudad más poblada y capital del país. Ganó la elección de 1989 y en 1990 se convirtió en el primer gobernante de esa coalición de izquierdas, nacida en 1971.
Tras esa gestión, que se extendió hasta 1995, se consolidó como líder del Frente Amplio y llegó a la presidencia del país en 2005, en un giro político sin precedentes en la pequeña nación sudamericana, de 180.000 kilómetros cuadrados y 3,2 millones de habitantes, gobernada desde 1830 y hasta ese momento por los tradicionales partidos Colorado y Nacional.
Vázquez terminó su mandato en 2010 con altos niveles de aprobación y fue sucedido en el cargo por José Mujica, ex guerrillero tupamaro y también perteneciente a la coalición frenteamplista, que reúne un amplio espectro ideológico que va desde marxistas-leninistas y troskistas hasta cristianos y ciudadanos sin partido.
Esas contradicciones emergen también entre Vázquez y Mujica. Durante su gestión, el médico oncólogo vetó la ley de despenalización del aborto, aprobada durante el mandato de su sucesor, y no se muestra muy convencido con la iniciativa de Mujica de regular el mercado de la marihuana, por lo que ya anticipó que si la experiencia no funciona revisará la ley.
Sin figuras nuevas con talla como para aspirar a la presidencia dentro del Frente Amplio, Vázquez decidió volver a postularse al cargo en las actuales elecciones, proponiendo mantener las políticas con énfasis en lo social.
Ya anticipó que si vuelve a ganar, el actual vicepresidente y senador Danilo Astori será su ministro de Economía y mantendrá al actual titular de Interior, Eduardo Bonomi, muy criticado por la oposición en temas de seguridad.
Para un eventual segundo período, Vázquez propone una reforma en el sistema educativo y profundizar la informatización de la sociedad.
El candidato del gobernante Frente Amplio encabeza las encuestas de intención de voto con un promedio del 42 por ciento, un índice insuficiente para vencer en la primera vuelta, que requiere la mitad más uno de los sufragios emitidos. De acuerdo con los sondeos, iría a segunda vuelta con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, del cual lo separan pocos puntos – en algunos casos a favor y en otros en contra-.
El compañero de fórmula de Vázquez como candidato a vicepresidente y titular del Parlamento es Raúl Sendic, ex ministro de Industria, ex presidente de la empresa petrolera estatal uruguaya Ancap e hijo del fallecido líder tupamaro del mismo nombre.
MENSAJE «POSITIVO»
Montevideo
Agencia dpa
El diputado del opositor Partido Nacional (PN) de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de 41 años, erigió su candidatura presidencial de cara a las elecciones de mañana con un discurso «por la positiva» que evitó críticas duras a sus rivales y en el que ofreció renovar la política uruguaya.
Lacalle Pou nació el 11 de agosto de 1973 y pasó cinco años de su juventud, entre 1990 y 1995, en la residencia presidencial por ser hijo del entonces mandatario Luis Alberto Lacalle, uno de los líderes del tradicional PN, de centroderecha.
Lacalle Pou, abogado de profesión, se inició tempranamente en la vida política y es diputado por el Partido Nacional desde el 2000, con apenas 27 años, algo poco común en la política uruguaya, dominada por adultos generalmente mayores de 50 años.
Lacalle Pou ha reconocido que su candidatura presidencial, lanzada a comienzos de este año, parecía una utopía, dada su juventud e inexperiencia en cargos ejecutivos.
Pero una campaña basada en un mensaje a favor del diálogo, bajo el eslogan «por la positiva», y la renovación, le permitió consolidar su candidatura hasta ganar las elecciones internas el 1 de junio, al senador Jorge Larrañaga, en un resultado que sorprendió a propios y ajenos.
El joven candidato confesó haber consumido cannabis en su juventud y, siendo legislador, presentó un proyecto de ley para habilitar el autocultivo, alimentando una imagen renovadora dentro de un partido con perfil conservador. Sin embargo, en el programa de su partido promete derogar la ley de regulación del mercado de la marihuana, impulsada por el presidente José Mujica y ya en vigencia en el país.
Desde la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio lo han calificado como un «producto de marketing» que creció en adhesiones gracias a una campaña publicitaria efectiva y sin propuestas innovadoras.
Lacalle Pou ha dicho que, de ser presidente, propenderá a una mayor eficiencia en el Estado pero sin hacer grandes innovaciones en materia económica, reformará el sistema educativo que, en su opinión, muestra flojos resultados, y atacará el problema de la inseguridad pública, otro de los ejes de su campaña electoral.
Las encuestas de intención de voto ubican a Lacalle Pou con cerca del 32 por ciento, por detrás del candidato presidencial oficialista, el oncólogo Tabaré Vázquez, de 74 años, que promedia el 42 por ciento de la intención de votos. Si se confirma la tendencia, ambos tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta a fines de noviembre.
La fórmula presidencial del PN se completa con el senador Jorge Larrañaga.
ESPERANZA DE RENOVACIÓN
MONTEVIDEO
Agencia dpa
El senador Pedro Bordaberry, hijo del ex presidente de facto Juan María Bordaberry, procura colocar otra vez en la presidencia de Uruguay al conservador Partido Colorado, la agrupación que más veces gobernó el país desde su fundación en 1830 y que en los últimos años se derrumbó políticamente.
Bordaberry, un abogado de 54 años, fue ministro de Industria y luego de Turismo y Deportes a comienzos de la década pasada y desde 2010 es senador.
Su padre, que gobernó entre 1972 y 1976, fue primero presidente constitucional y quedó al frente del gobierno de facto tras el golpe militar de 1973.
La figura de Pedro Bordaberry creció en los últimos años como una opción de renovación del partido de tendencia más conservadora en Uruguay, que se derrumbó políticamente luego de la crisis económica y financiera que sufrió Uruguay en 2002 y el ascenso de la coalición de izquierdas Frente Amplio, en el poder desde 2005.
En esta campaña Bordaberry ha puesto énfasis en la necesidad de elevar la calidad de la educación y atacar con más firmeza los problemas de inseguridad pública, para lo cual también impulsa un plebiscito, junto con la elección de mañana, para bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal frente a delitos graves.
Los sondeos de opinión ubican a Bordaberry tercero con un promedio del 12 por ciento, lejos de los candidatos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quienes seguramente irán a una segunda vuelta en noviembre.
El compañero de fórmula de Bordaberry como candidato a vicepresidente es el exintendente (gobernador) del departamento de Salto Germán Coutinho.
