Por VALERIA FERNANDEZ,
NOGALES,
Agencia AP

«Me arrebataron un pedazo de mi vida», dijo Rodríguez a escasos metros del muro fronterizo con Estados Unidos donde su hijo, de 16 años, fue fatalmente baleado.

El 10 de octubre se cumplieron dos años de la balacera en la que el adolescente perdió la vida a manos de un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas estadounidense.

«El dolor de esta pérdida siempre va a estar toda la vida, porque mi vida se quedó en sus 16 años», dijo Rodríguez, de 41 años. «Cierro los ojos y pienso en qué estaría haciendo ahora».

El aniversario de la tragedia que marcó a esta familia fronteriza fue motivo de una misa y una marcha a lo largo de la valla que separa a las ciudades de ambos lados de la frontera entre Arizona y Sonora, conocidas como las dos Nogales.

Cientos de manifestantes cargaron ataúdes de color negro con los nombres de otras personas que murieron durante los últimos años en balaceras en las que estuvo involucrada la Policía de Inmigración y Aduanas.

Esa agencia no quiso comentar sobre el caso, pero hace dos años declaró que el adolescente arrojaba piedras hacia Estados Unidos cuando le dispararon. Su cuerpo recibió ocho disparos en la espalda y fue encontrado a 12 metros de la frontera, según la autopsia.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos y el FBI llevan a cabo una investigación del caso en cooperación con autoridades mexicanas.

«Este trágico incidente sigue en investigación. Nosotros sabemos de lo doloroso que es la pérdida de un hijo en estas circunstancias y del deseo de la familia, el agente involucrado y el público de que esta investigación concluya lo antes posible», dijo la Oficina del Fiscal en una declaración que fue proporcionada por el vocero Cosme López a The Associated Press. «Sin embargo hay muchas razones por las que una investigación criminal debe conducirse de forma confidencial para que sea justa a todas las partes involucradas».

En julio de este año, la madre del joven baleado presentó una demanda civil en una corte federal de Estados Unidos en Tucson, Arizona, solicitando una compensación monetaria por el incidente.

Pero uno de los motivos principales para la demanda es que se dé a conocer la identidad del responsable o responsables de la muerte del adolescente y el gobierno comparta un video que capturó el incidente, explicó Luis Parra, abogado que representa a la familia.

Si bien el nombre de un agente se dio a conocer a los abogados, el gobierno estadounidense solicitó que no fuera revelado públicamente pendiente de la decisión de un juez federal sobre su confidencialidad, dijo Le Gelernt, abogado demandante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

«Es extraordinario que se haya pedido proteger el nombre de un oficial de la policía», dijo Gelernt. «Un departamento de policía debe operar con transparencia».

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