Por JOANNA CHIU y KELVIN CHAN,
HONG KONG
Agencia AP
Al elevar sus intenciones en el conflicto, los líderes estudiantiles están arriesgándose a otra ronda de enfrentamientos con la policía que, probablemente, impedirá que tomen por la fuerza edificios gubernamentales. También aumentan la presión sobre el gobierno chino, que hasta el momento ha permanecido en silencio y prefiere dejar que el líder ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, gestione la crisis.
Los estudiantes, que ha jugado un papel clave en la organización de las protestas para lograr reformas electorales más amplias, darían la bienvenida a una oportunidad de hablar con un funcionarios del gobierno central chino, dijo Lester Shum, vicesecretario de la Federación de Estudiantes de Hong Kong, en rueda de prensa.
«Sin embargo, les pedimos que vengan a la plaza y hablen con las masas», dijo Shum. «Este es un movimiento de los habitantes de Hong Kong y no está liderado por ningún grupo en concreto».
Shum pidió que Leung dimita como fecha límite a final del jueves, y añadió que los estudiantes no tienen ningún interés en hablar con él.
«Como el gobierno ordenó a la policía disparar 87 rondas de gas lacrimógeno a los manifestantes, no hay espacio para el diálogo. Leung Chun-ying debe dar un paso atrás. Si no dimite para mañana iremos un paso más allá en nuestras acciones, como ocupar varios edificios gubernamentales importantes», dijo añadiendo que no tomarían lugares «esenciales» como hospitales y oficinas de bienestar social.
Los manifestantes se oponen a la decisión tomada en agosto por Beijing de limitar las reformas electorales, requiriendo que los candidatos para las primeras elecciones directas del máximo responsable de la ciudad – que se celebrarán en 2017 – sean supervisados por un comité de élites locales mayoritariamente partidarios del gobierno central similar al que escogió a Leung para el cargo. Además consideran que China está dando marcha atrás a la primera de que el nuevo jefe ejecutivo sería elegido por «sufragio universal».
Las protestas suponen el reto más severo a la autoridad de Beijing desde que China tomó el control de la antigua colonia británica en 1997.