Por EVA VERGARA,
SANTIAGO,
Agencia AP
Al promulgar la reforma en un acto en el palacio de gobierno de La Moneda, que contó con la asistencia de representantes del empresariado, Bachelet dijo que «será un medio que ayudará a reducir la desigualdad por la vía de la justicia tributaria».
La recaudación permitirá que el Estado «cuente de manera responsable con nuevos recursos para apostar decididamente por la ampliación y mejoría de los derechos sociales como la educación, la salud y la protección social», agregó.
La mitad de lo recaudado se destinará a financiar una reforma estructural de la educación en todos los niveles para tender a una enseñanza de calidad y gratuita y otros 4 mil millones de dólares se utilizarán para construir 20 hospitales y diversos centros de salud.
La mandataria destacó que en medio de la desaceleración económica que vive Chile «esta promulgación entrega también una nueva señal de certidumbre y reglas claras a los agentes económicos. Con ello están dadas todas las condiciones para que nos pongamos manos a la obra y juntos retomemos la senda de mayor crecimiento».
Entre las principales alzas están la del Impuesto de Primera Categoría que pagan las grandes empresas, que gradualmente se elevará del 20% actual al 25% o 27%, según el régimen al que se acojan; mayores tributos al alcohol y cigarrillos y a las fuentes fijas contaminantes.
Cerca de 95% de las pequeñas y medianas empresas no se verán afectadas por los nuevos impuestos, según el gobierno.
Los impuestos a los vinos y cervezas subirán de 15% a un 20,25%, los destilados de 27% a 31,5%, las bebidas azucaradas de 13% a 18%, y los tributos de las bebidas no azucaradas disminuirán de 13% a 10%.
Respecto del tabaco, se elevará ocho veces el impuesto específico a los cigarrillos, que pasará de 18 centavos de dólar a 1,45 dólar.
La modificación tributaria, que otorga mayores facultades al servicio de impuestos internos para combatir la evasión, empezará a regir gradualmente el 1 de octubre y concluirá en 2018.
La reforma fue aprobada el 10 de septiembre por el Congreso y contó con el apoyo de parlamentarios de todos los sectores políticos, tras un intenso debate de cinco meses.
