Por E. EDUARDO CASTILLO y KATHERINE CORCORAN,
MÉXICO
Agencia AP
Los ocho militares permanecen detenidos en una prisión castrense de la capital mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó un reporte sobre los motivos de la detención, dijo hoy Marat Paredes, visitador del organismo, a The Associated Press.
«Entendemos que esta detención se da en el ámbito de infracción a deberes de la disciplina militar y hemos solicitado información al respecto», dijo Paredes, quien desde la Comisión encabeza una investigación propia sobre lo sucedido el 30 de junio en San Pedro Limón, una comunidad de Tlatlaya, cuando el ejército reportó que 22 presuntos delincuentes murieron y un soldado resultó herido tras supuestamente responder a una agresión.
Sin embargo, una mujer que dice que estuvo en el lugar de los hechos, dijo hace unos días a la AP que sólo una persona habría muerto en el tiroteo inicial y que luego los soldados habrían matado a los 21 restantes cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años, quien yacía herida en el suelo.
La testigo no pudo ser inmediatamente contactada para conocer su opinión sobre los arrestos.
Tlatlaya se encuentra al sur del Estado de México, que limita con la capital del país.
Hasta hace poco, las autoridades habían coincidido con la versión oficial de lo ocurrido.
En julio, la Procuraduría del estado de México emitió un comunicado diciendo que no había encontrado pruebas que señalaran la ocurrencia de una posible ejecución extrajudicial y que, por el contrario, había encontrado evidencia balística de que hubo un fuego cruzado.
El gobierno estatal se negó a revelar las autopsias de los fallecidos que la AP solicitó bajo en una petición amparada por la ley de transparencia y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado por nueve años.
La Procuraduría General de la República, encargada de la investigación penal en México, dijo que hasta ahora no había encontrado pruebas que corroboraran el relato de la testigo, pero luego abrió una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la supuesta confrontación entre militares y presuntos delincuentes.
