Brasilia
Agencia DPA
La solicitud fue enviada al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a raíz de una información divulgada hoy por el diario «O Estado de Sao Paulo», que indica que dichos panfletos fueron enviados sin el correspondiente comprobante o sello oficial de envío.
Dicho comprobante permite saber si el material de campaña fue pagado y enviado en forma regular y en las cantidades indicadas. Sin el mismo, no se puede verificar si el partido político que realizó la remesa pagó efectivamente por todo el material distribuido.
Según el fiscal Júlio Marcelo de Oliveira, autor de la solicitud, de ser comprobado que el organismo público omitió emitir el comprobante, se estará ante una situación de «afrenta al proceso democrático», que impondrá «severas penas» a los responsables y exigirá una inmediata restitución de los valores que eventualmente no hayan sido pagados.
«La mala utilización de empresas públicas por parte de agentes del Estado para finalidades político partidarias es un hecho que atenta contra ‘la cosa’ pública», expresó el fiscal, citado por «O Estado». El Tribunal de Cuentas analizará la solicitud para determinar si cabe o no dar inicio a un proceso de inspección en la oficina de correos y en la campaña de Rousseff.
«O Estado» reportó en su edición de hoy que el organismo público «abrió una excepción» para la campaña de Rousseff, al enviar sin comprobante oficial 4,8 millones de volantes para varias ciudades del estado de Sao Paulo. La empresa estatal admitió que autorizó la remesa en carácter «excepcional» debido a un error gráfico que hizo que el sello comprobante no quedara impreso.
Por su parte, Rousseff sostuvo hoy que su Partido de los Trabajadores (PT) pagó por lo que fue enviado y tildó el caso como un «factoide de campaña electoral».
Asimismo, la presidenta, quien marcha favorita para la primera vuelta de las elecciones generales del próximo 5 de octubre, dijo que en caso de que haya habido algún «error» su comité de campaña «rendirá cuentas».
Según el líder del opositor Partido Republicano, Rubens Bueno, evaluó, a su turno, que «la entrega de panfletos de la candidata Dilma por (parte de) los correos sin comprobante o sello oficial de envío demuestra una ilegal utilización de los bienes y servicios públicos prestados por la empresa estatal, además de ofender el principio de legalidad inscrito en la Constitución Federal».
