Por EVA VERGARA,
SANTIAGO,
Agencia AP
El fiscal Raúl Guzmán informó el miércoles que «respecto de la ayuda a países extranjeros y vecinos dentro de las diligencias de investigación se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales, de manera de contar con todos los antecedentes, sin perjuicio de la labor que han realizado nuestros organismos internos».
El fiscal, que declinó revelar a qué países se pidió colaboración, se reunió con las máximas autoridades policiales para coordinar la investigación de los 29 ataques con bombas ocurridos en lo que va del año.
Al clima de tensión se suma la proximidad de un nuevo aniversario del golpe militar de 1973, cuando tradicionalmente se producen desórdenes. El gobierno ha reforzado la presencia policial en el tren subterráneo y en puntos específicos de la ciudad.
Una nueva bomba, esta vez de ruido, estalló el martes por la noche en un centro comercial del vecino balneario de Viña del Mar, ocasionando un traumatismo acústico a una empleada.
En Santiago una de las estaciones principales del metro, Universidad de Chile, fue cerrada temporalmente tras una denuncia por la presencia de un objeto abandonado, lo que desencadenó un operativo de los escuadrones antibombas. El objeto resultó ser un maletín de un técnico que trabajaba en el lugar. Antes, el escuadrón antibombas había acudido a la casa central de la Universidad Católica por una denuncia similar para concluir que el supuesto artefacto explosivo era «ropa en desuso». Situaciones similares se vivieron ayer.
La oleada de denuncias de supuestos artefactos explosivos más los falsos avisos de bomba se desató con fuerza después de que el lunes terroristas detonaron una poderosa bomba en una galería comercial contigua a una de las más grandes estaciones del subterráneo de Santiago, Escuela Militar, que dejó 14 heridos.
El ataque, que siguió a uno de mediados de julio a un vagón del metro y a otro en agosto frente a una parada del transporte público, despertó las críticas de diversos sectores, especialmente de la oposición derechista, a la Agencia Nacional de Inteligencia por no poder prevenirlos y a la fiscalía por no dar con los responsables en dos meses de investigación.
El ministro del Interior Rodrigo Peñailillo informó que el gobierno prepara reformas a la ley antiterrorista y a la agencia de inteligencia para fortalecerlas, mientras la policía uniformada reestructuró su sistema de inteligencia y creó la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal.
